23 de julio de 2025

Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron a Argentina sobre la violación sistemática de libertades fundamentales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. Las observaciones internacionales parten desde diciembre de 2023, a partir de la implementación del llamado «protocolo antipiquetes» de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El trabajo de monitoreo y registro de la violencia estatal fue realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Ambos organismos de control documentaron la represión durante la protesta social y la criminalización de los manifestantes mediante detenciones arbitrarias. En un informe, el organismo internacional señala que la implementación del «protocolo antipiquetes» −establecido por la Resolución 943/2023− y las reformas legales regresivas realizadas por La Libertad Avanza (LLA): afectaron en forma directa los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También lesiona todos los lineamientos en materia de derechos humanos.