17 de julio de 2025

El gobierno ordenó una investigación por presuntas «filtraciones» de información reservada y prepara una reestructuración de su jefatura de abogados, según informaron hoy distintos medios. Si bien se descarta de plano una remoción del procurador Santiago Castro Videla, voces oficiales confirmaron que el Ejecutivo avanzará con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas. Si bien justifican la reducción de personal en la política de ajuste de la gestión libertaria, también sostienen que es preciso hacerla por unas supuestas filtraciones que representan una posible «venta de información” al fondo Burford Capital. Castro Videla es socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, quien fue contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital, el fondo que compró el litigio del Grupo Petersen, y que logró que la justicia estadounidense fallara contra la Argentina en el juicio por la estatización de la petrolera. De acuerdo con Página 12, para quienes conocen el funcionamiento de la Procuración «esto es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino». Aunque Castro Videla no habría participado directamente en la causa, el haber compartido estudio con Bianchi hace que no pueda estar al frente del litigio por YPF por las sospechas de un conflicto de intereses.