30 de enero de 2025

El ministro de Defensa, Luis Petri, ordenó «dar de baja de las filas del Ejército» a cuatro generales y 19 coroneles, todos retirados, que habían recibido condenas firmes por delitos de lesa humanidad. La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci. Según el Ministerio, las bajas «no responden a una decisión unilateral» de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, «obligando al cumplimiento de la medida» que se les aplicó a los 23 agentes militares que fueron imputados. Quien solicitó las bajas fue el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a través de un documento enviado tanto al ministro Petri, como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo.