27 de julio de 2022
La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que archive 7 de los 10 cargos penales que involucran al presidente Jair Bolsonaro, que se abrieron con base al informe final del Comité Parlamentario de Investigación sobre la pandemia de coronavirus (CPI) en el Senado. La CPI investigó durante seis meses las acciones y omisiones del gobierno durante la pandemia que ya dejó más de 677.000 muertos en Brasil, el segundo país con más fallecidos del mundo después de Estados Unidos. El informe final del Comité concluyó que el gobierno de Bolsonaro expuso «deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa», incluyendo a la vulnerable población indígena, por lo que pidió la inculpación del mandatario y de otras 67 personas y empresas, como varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario. Al no tener el poder de hacer denuncias formales, la CPI envió a la PGR las acusaciones a fines de octubre del año pasado. Sin embargo, tras meses de investigación, la Fiscalía solicitó el archivo de las acusaciones contra Bolsonaro por epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, uso irregular de fondos públicos y prevaricación.
