23 de julio de 2025

La Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) impulsó una «acción judicial colectiva» para «frenar» los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público. El gremio denunció su aprobación debido a que se llevó adelante mediante «un proceso viciado por corrupción»; como resultado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio lugar a la presentación y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, «en un plazo de cinco días», brinde explicaciones sobre las condiciones en que se sancionó la Ley 27.742. «La resolución judicial reconoce que existen serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo que dio origen a la norma, especialmente en relación con el voto clave del entonces senador Edgardo Kueider, quien fue detenido posteriormente con una suma de dólares no declarados y hoy enfrenta causas penales por presunto cohecho», indicaron desde ATE Capital. En la misma línea, aseguraron que ese voto, que generó el empate para que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, definiera la votación,«fue resultado de hechos de corrupción de público conocimiento, y que, por lo tanto, «debe considerarse nulo de nulidad absoluta».