14 de octubre de 2021

Una denuncia contra la exprocuradora de Justicia de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que sirvió para forzar su renuncia en octubre de 2017, fue archivada por inexistencia de delito por el juez Julián Ercolini, que siguió los lineamientos de la investigación que llevó adelante el fiscal Eduardo Taiano. La causa se inició en base a un artículo publicado por el diario Clarín sobre presuntas irregularidades en el alquiler de un edifico que tenía como destino la estructura operativa de la reforma procesal penal que amplía la injerencia de la fiscalía en la investigación, y que fue cajoneada por el gobierno de Mauricio Macri. A la publicación se sumó el fiscal José María Campagnoli y la entonces diputada Elisa Carrió. Pero tras cuatro años ni Taiano y Ercolini encontraron pruebas de delito alguno. «Los resultados de las diligencias practicadas no permitieron corroborar las alegaciones formuladas por los denunciantes», dice escuetamente la resolución del juzgado. La presión mediática contra Gils Carbo incluyó la revelación de los teléfonos de sus hijas en ese medio, lo que llevó a que la procuradora se alejara del cargo para el que había sido aprobada por acuerdo del Senado nacional. Desde entonces permanece en el cargo el fiscal interino Eduardo Casal