1 de agosto de 2022

Si la Aduana comprueba ilícitos en la tramitación, las empresas que los cometieron serán eliminadas del registro de importadores y exportadores. Las compañías tendrán que justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial. La Aduana lanzó un operativo de fiscalización que implica el envío de intimaciones a unas 500 empresas que importaron mercadería al dólar oficial, luego de que solicitaran y obtuvieran cautelares judiciales. A los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otros elementos. También tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, deberán informar el valor de venta en el mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.