10 de junio de 2024

El informe completo del CELS y Memoria Abierta sobre el terrorismo de estado y las políticas de memoria, a seis meses del gobierno de Javier Milei, indica que la actual gestión desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia. De acuerdo con la investigación, la política de memoria se ve afectada por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras. A la hora de los ejemplos, el CELS comparte que el ministerio de Defensa puso fin a la labor del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), que había sido creado en marzo de 2010 (Resolución 308/2010) que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo. Asimismo, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se discontinuó la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos que tenía como objetivo promover el acceso a información referida al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, como aporte al proceso de memoria, verdad y justicia. La interrupción de estas políticas públicas ocurre en el contexto de reiteradas declaraciones del presidente de la Nación, la vicepresidenta, y diferentes ministros contra el proceso de justicia y en favor de lo actuado por las Fuerzas Armadas