1 de febrero de 2025

La jueza federal de San Martín Alicia Vence resolvió que la Armada no podrá mudar su Archivo General (AGA) ni “depurar” ni “triturar” la documentación, tal como lo tenía previsto. La decisión de la magistrada llega después de que el abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás advirtieran que podría ser una maniobra para poner en riesgo la prueba esencial para las causas de lesa humanidad, ya que hay varias jurisdicciones en las que se investiga el accionar criminal de la Armada durante los años del terrorismo de Estado: en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San Martín, particularmente, consignó Página12.
El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación entre las que se encuentran legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales, informó el matutino.
El freno a la destrucción de los documentos, informada a inicios de enero por el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, se frenó también tras la advertencia de los Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA), quienes difundieron un comunicado en el que alertaban sobre la orden de eliminar el material. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, aseguraron.