6 de julio de 2022

Organizaciones sociales jujeñas denunciaron una «persecución política» del gobierno de Gerardo Morales tras un aserie de allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes como consecuencia de una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión. La policía provincial secuestró documentación y otros elementos en una medida ordenada por el fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, con actuaciones iniciadas de oficio. «Son 16 allanamientos en casas de dirigentes sociales y sedes de las organizaciones», detalló a Télam la diputada provincial del Frente de Izquierda Natalia Morales. Entre los sitios allanados figura un local en el barrio Alto Comedero donde «el Gobierno de la provincia de Jujuy a través de su fuerza represiva busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando en la provincia», denunció en un comunicado el Frente de Organizadores en Lucha (FOL).