23 de octubre de 2025

El Consejo Superior de La Universidad de Buenos Aires resolvió acudir a la justicia para garantizar que se aplique a Ley de Financiamiento Universitario votada cuatro veces por el Congreso  y vetada por partida doble por el Gobierno. Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley también suspendió su aplicación hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma, tal como lo hizo con la ley que aseguraba los fondos para el hospital Garrahan y que ampliaba las partidas presupuestarias para las políticas en discapacidad. Las autoridades de la UBA consideraron tomar medidas al respecto «a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática».