18 de agosto de 2021

Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que durante la convulsión social a fines de 2019 en Bolivia fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo «ejecuciones sumarias». El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que investigó esos incidentes, dio a conocer su informe en La Paz al presidente Luis Arce. Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo que «al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas». La investigación abarcó desde fines del Gobierno de Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora Jeanine Áñez. Durante la gestión de la mandataria interina se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba (centro), y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.