28 de octubre de 2021

La Fiscalía de Bolivia imputó a miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de 2019 por el golpe de Estado perpetrado tras las elecciones de ese año con el argumento de que «sin su participación y cooperación» no se podría haber llevado a cabo la «legal concreción de la investidura”» de la entonces senadora Jeanine Áñez. Para el ministerio público, los imputados «no permitieron la continuidad legítima» del titular de la Presidencia, que debería haber sido Evo Morales por haber vencido legítimamente en las elecciones. Es así que los máximos jefes militares cometieron «hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular», según el portal boliviano Erbol, citado por la agencia Télam. La acusación habla de que los mandos militares violentaron «la legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional» ten coordinación con Áñez, que sin la colaboración militar no hubiese concretado «el hecho antijurídico» de su investidura.