9 de febrero de 2022

La justicia electoral federal de la Provincia de Buenos Aires comprobó la existencia de aportantes truchos a la campaña proselitista de Cambiemos para las elecciones de medio término de 2017. Casi cinco años después de que trascendieran las primeras denuncias, el juez Alejo Ramos Padilla rechazó la rendición de cuentas de la coalición entonces gobernante tras determinar que «las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes privados impiden categóricamente aprobar los informes presentados por la agrupación» sobre cómo financió su campaña en territorio bonaerense. Y dispuso, además, «investigar la posible comisión de algún delito penal» y multar por las irregularidades al partido PRO en 3.246.965,53 pesos; a la UCR y la Coalición Cívica – Ari, con 990.599,65 pesos a cada uno, y a los socios menores (Partido Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Ucedé, Espacio abierto para el Desarrolla y la Integración Social, Fe, Partido del Diálogo, Movimiento Social por la República), con 34.395,82 pesos por cada fuerza. Según el magistrado «se pudieron constatar -al menos- 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación» Cambiemos Buenos Aires, como se denominó esa vez a la alianza.