13 de octubre de 2024
Durante el renombramiento del ahora ex Centro Cultural Kirchner, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra las casas de altos estudios al afirmar que “la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma” al tiempo que señaló que “en un país en el que la gran mayoría de los niños son pobres, no saben leer, escribir ni hacer una operación matemática básica, el mito de la universidad pública gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad”.
Durante este sábado, en el edificio donde originalmente funcionaba el Correo Argentino, renombrado en 2010 como CCK y que ahora pasó a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, Milei señaló que “la verdad incómoda es que la universidad pública nacional solo le sirve a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta (sic)”, sin ofrecer ninguna cifra respaldatoria, consignó Tiempo Argentino.
En otro tramo de su alocución, Milei indicó, en referencia al manejo del presupuesto que las instituciones educativas realizan, que “además podrían permitir que se los audite, porque acá no está en juego la universidad pública y gratuita. La discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna está mal (sic), queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra en la universidad y que no llega a los alumnos y profesores, que se queda en el medio en autos caros de 90 mil dólares y choferes que cobran 13 millones de pesos”, sin dar precisiones ni nombres.
Según explicó recientemente al portal Chequeado.com Guillermo Schweinheim, director de la Maestría y Especialización en Auditoría Gubernamental de la Universidad de San Martín (UNSAM), el organismo de control interno de la Administración Pública es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende del Presidente de la Nación y que cuenta con unidades de auditoría interna (UAI) en los distintos organismos de la Administración. No obstante, “la SIGEN no puede realizar auditorías de las universidades nacionales porque así lo estableció una ley aprobada en 2020 (durante la gestión de Fernández), que las exceptuó de ser auditadas ad hoc por los síndicos y funcionarios de la SIGEN”.
A su vez, en noviembre de 2022, la Procuración del Tesoro de la Nación, en línea con esa ley, ratificó que no eran aplicables a las universidades los controles de la SIGEN previstos en la Ley de Administración Financiera, porque sería violatorio de la autonomía universitaria.
Lo que el Gobierno omite también es que la Ley de Educación Superior establece que “todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”, según describió oportunamente Schweinheim . Esto significa que al interior de las universidades existen unidades de control.
