7 de septiembre de 2022

En defensor oficial de Mauricio Collareda, extitular del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, Luis Alonso Martínez, consideró «escandaloso e inaceptable» la acusación de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani contra su cliente y argumentó que la gran mayoría de las obras por las que se lo acusa (47 sobre 51) estuvieron a cargo de la provincia patagónica y no de la Nación, y que hasta la auditoría realizada por el gobierno de Mauricio Macri concluyó que no hubo irregularidades. En el segundo día de los alegatos de las defensas -que no tuvieron la gran difusión en los medios hegemónicos que habían tenido las acusaciones- el abogado dijo que los fiscales usaron pruebas falsas, ignoraron lo que dijeron los testigos en el juicio y tergiversaron los hechos. «Las obras las hizo Vialidad Provincial. No había ninguna estructura nacional para la construcción de las rutas. Todo se hizo por convenio. Santa Cruz licitaba, adjudicaba, controlaba y él recibía la documentación», explicó Martínez. La línea de la defensa adhiere a la postura del día anterior del abogado Mariano Fragueiro Frías, que defiende a Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, quien alegó que el caso resulta escandaloso porque se viola la Constitución Nacional ya que correspondía intervenir a tribunales locales y no federales. Y allí ya era caso cerrado.