31 de mayo de 2024

Una denuncia interpuesta por miembros de la Comunidad Indígena Sentimiento de mi Tierra, perteneciente al pueblo originario Sanavirón, Santiago del Estero, que advirtió la contaminación ambiental motivada por la aplicación de agrotóxicos, derivó en una causa judicial en la que la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, hizo lugar a un recurso para investigar. Los denunciantes relataron que a partir de la aplicación de glifosato sobre las tierras, los animales habían comenzado a morir y los habitantes de la comunidad presentaban brotes en todo el cuerpo, dolores de cabeza, manchas en la piel y otras dolencias. También indicaron que una vez finalizadas las tareas de fumigación, los agroquímicos permanecían almacenados en los depósitos de agua y aljibes que se utilizan para beber. Slokar, al hacer lugar a la petición del acusador, evocó el informe confeccionado desde el Instituto  Nacional de Tecnología Agropecuaria, y sostuvo que «los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas resultan vulnerados a través del empleo de agroquímicos elaborados con atrazina o glifosato».