3 de noviembre de 2022

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, presentó un proyecto para salvaguardar al país de las demandas emanadas desde los fondos buitre. El legislador sostuvo que «los derechos de los acreedores privados para reclamar una deuda legítima contra el Estado solo se considerarán vigentes y con validez financiera si la compra, adquisición o tenencia de dicha deuda en cualquiera de sus manifestaciones ‒bonos, títulos, entre otros‒ ocurre al menos con 90 días hábiles de anticipación a la fecha en que el país ingrese en un proceso de reestructuración, refinanciación, reperfilamiento, cese de pagos o cualquier otra denominación que se utilice para expresar la imposibilidad del Estado de cumplir con sus vencimientos programados en materia de deuda». Los mismos argumentos se encuentran en la legislación internacional en países como Bélgica, Francia y Grecia, entre otras naciones.