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Pedido de indagatorias por pagos a un arrepentido

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió una serie de indagatorias en el marco de una investigación sobre el derrotero de los fondos públicos provistos al «arrepentido» de la Causa Ciccone que contribuyó a la condena del ex vicepresidente Amado Boudou. Los implicados son el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el financista Alejandro Vandenbroele y el ex director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Francisco Lagos. Entre esos fondos públicos, más de cuatro millones de pesos en noviembre de 2017, figuran los que financiaron el emprendimiento hotelero de Vandenbroele en Mendoza y que aparece como pago por su declaración en contra de Boudou. El dictamen de la fiscal detalla el modo en que se financió a un arrepentido y probaría que Vandenbroele incumplió los términos del acuerdo, hecho no asentado en el legajo del Ministerio de Justicia, y que se le pagó durante mucho más que los seis meses establecidos por la ley. Para blanquear esa ilegalidad, el ex presidente Macri firmó un DNU 12 días antes de la finalización de su gobierno, señala el texto.