26 de mayo de 2022

Un tribunal de la región colombiana de Cundinamarca anuló un fallo que hubiera impedido que Gustavo Petro, el favorito para las elecciones presidenciales del domingo próximo, asumir cualquier cargo público hasta que pagara cerca de 55 millones de dólares a Bogotá en una causa por daño patrimonial como alcalde de la capital de ese país, entre 2012 y 2015. El fallo del Tribunal Administrativo de ese distrito declaró la nulidad parcial del dictamen de junio de 2016 de la Contraloría Distrital de Bogotá que acusó a Petro de ser responsable de «detrimento patrimonial» por haber bajado y congelado las tarifas del sistema de transporte Transmilenio durante su gestión. Para la Contraloría, esa decisión devino en un «subsidio ilegal, sin respaldo fiscal», que generó un perjuicio al erario público de 217.000 millones de pesos, poco más de 54,60 millones de dólares. No fue la primera acusación contra el candidato izquierdista en su paso por la función pública. El entonces procurador general de la República, Alejandro Ordóñez, había ordenado destituir a Petro de su cargo al acusarlo por la estatización y regularización del servicio de recolección de basura de Bogotá, en diciembre de 2013, medida que se cumplió en marzo de 2014 por decisión presidencial. Luego de sendas pujas judiciales, Petro fue restituido al cabo de 35 días de destitución.