20 de julio de 2024
Luego de la visita de diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar que permanecen detenidos en el penal de Ezeiza, situación que no fue repudiada por parte del gobierno del presidente Javier Milei, el bloque de Unión por la Patria presentó a las autoridades de la Cámara un proyecto de resolución para expulsar a los legisladores que visitaron a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (hijo) y Adolfo Donda.
Los legisladores en cuestión sobre los que pesa el pedido son Beltran Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocía Bonacci, todos de LLA.
“Es inadmisible que exista vinculación entre legisladores y los genocidas”, dijo a Página/12 Gisela Marziotta, impulsora del pedido de remoción. Por su parte, desde la CGT repudiaron el accionar de los legisladores oficialistas y denunciaron “un avance negacionista”, al igual que diversos espacios políticos.
En los considerandos, el expediente del bloque que comanda Germán Martínez marcó que “desde que terminó la última dictadura en Argentina, la sociedad ha mostrado de manera continua una búsqueda en la realización de justicia por los crímenes ocurridos durante ese período”.
Por su parte, el juez de Ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Obligado, solicitó este viernes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que brinde información sobre “las características y circunstancias” de las supuestas visitas de un grupo de diputados de la Libertad Avanza a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza. El pedido, detalló el portal C5N, tuvo lugar a partir de un oficio firmado por el juez Alejandro Slokar, integrante de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad.
“Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación en cuanto de dicho organismo depende el SPF (Servicio Penitenciario Federal) de la Nación, a fin que informe, en carácter de urgente, el trámite administrativo interno que se hubiera suscitado como paso previo a la visita que legisladores nacionales realizaron al mencionado Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad -todo lo cual ha sido público y notorio-, como así también el resultado de dicha diligencia en todo lo relativo a su aprobación”, indica el pedido del juez Obligado.
