18 de mayo de 2023

La Corte Suprema de Perú emitió el martes una sentencia en un caso de apelación en la que concluye que las protestas sociales son identificadas como violentas e implican ataques a personas y a la propiedad pública y privada, por lo cual quedaran calificadas como delitos. La sentencia se adoptó, sin embargo, para resolver el recurso interpuesto por cuatro personas que fueron condenadas en 2019 por el delito contra la seguridad pública al bloquear la carretera hacia la mina Las Bambas, en Apurímac, e impedir el paso de camiones que transportaban cobre. Los jueces de la Corte Suprema subrayan que no se requiere una efectiva afectación a otro derecho, sino que es suficiente que se configure la amenaza de violación de otro derecho para que ya se pueda hablar de un delito y el Estado tenga la potestad y obligación de reprimirlo. De acuerdo con la sentencia, «admitir la existencia de un derecho a la protesta, en términos de reclamar o expresar, generalmente con vehemencia, la opinión, queja o disconformidad, llegando a la violencia que vulnera derechos ajenos, es un razonamiento inconstitucional e inconvencional».