14 de diciembre de 2025
Amnistía Internacional denunció que a dos años de la entrada en vigencia del Protocolo Antipiquetes, la Argentina presenta un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión, con más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.
La Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, informó Noticias Argentinas.
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró además unas 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones, lo que implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría arbitrarias y sin pruebas suficientes.
Se registraron a su vez cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras un disparo de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Por otra parte, la labor periodística también fue blanco de la represión. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos, y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. Amnistía Internacional advirtió que estos ataques buscan un efecto silenciador, enviando el mensaje de que protestar y registrar la protesta tiene consecuencias.
