7 de enero de 2026

En la tarde del martes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) —que logró el fallo que anuló la resolución 943/2023 del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich— presentó un amparo y pidió que se lo inscriba como un proceso colectivo. En el escrito, firmado por los directivos Paula Litvachky y Diego Morales, reclaman que se declare la nulidad absoluta, la ilegalidad y la inconstitucionalidad del DNU 941 vinculado al funcionamiento de la SIDE. El CELS invoca tres razones fundamentales. En primer lugar, sostiene que el Poder Ejecutivo no explicó cuál era la urgencia para avanzar en una reforma de la Ley de Inteligencia sin pasar por el Congreso. En segundo lugar, plantea que el Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar en materia penal y que, con este DNU, habilita a los agentes de la SIDE a detener personas sin orden judicial y sin control judicial posterior. Por último, recuerda que los contenidos de la norma no solo son ilegales por los derechos que afectan, sino que además resultan arbitrarios y desproporcionados. También ayer, un grupo de dirigentes políticos y juristas de origen radical presentó otro amparo. La presentación lleva las firmas de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santin y Ricardo Terrile.