13 de abril de 2025
Desde el 11 de abril pasado, quienes no sean residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán recibir medicamentos en hospitales públicos, salvo en casos de urgencia o tratamientos ya iniciados. Y es que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una nueva normativa que prohíbe la dispensa. La medida, publicada en el Boletín Oficial porteño, establece que los pacientes deberán presentar un DNI con domicilio en la Ciudad para acceder a fármacos gratuitos o subsidiados, argumentando la necesidad de “optimizar recursos” frente a la alta demanda de no residentes. Según el Ministerio de Salud porteño, en 2024, el 40% de las atenciones hospitalarias correspondió a personas del conurbano bonaerense, lo que habría generado un “desborde” en el sistema, informó el portal diariopampero.com.
Según el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la medida es “discriminatoria”, al tiempo que subrayó que los bonaerenses aportan significativamente a la economía porteña a través de impuestos y consumo.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtieron que la restricción vulnera el derecho universal a la salud, amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales. En tanto, que la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) denunció que la medida agrava la crisis sanitaria, especialmente para pacientes crónicos que dependen de medicamentos esenciales y no pueden costearlos en el sector privado tras el ajuste en programas nacionales como PAMI.
