29 de noviembre de 2017

Insight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa pusieron a las fuerzas de seguridad hondureñas en el centro del tráfico ilegal de armas. A través de un estudio, estas organizaciones identificaron a la policía y las fuerzas armadas de ese país como «principales sospechosos de provisión de armas ilegales» a nivel local. Indicaron que la legislación permite que ambas instituciones, al igual que las empresas de seguridad privada, no hagan públicas sus adquisiciones, ventas y controles de arsenal ni los casos delictivos que implican a sus agentes, algo que «facilita la participación activa de los mismos en el mercado negro». Por otro lado, señalan graves fallas en el sistema de registro de portadores y que La Armería es la única empresa autorizada a vender, pero no está obligada a verificar los antecedentes penales de sus clientes.