5 de mayo de 2025
El enclave fue epicentro de abusos, torturas y muertes en tiempos del dictador Pinochet. Los litigios por las tierras y los derechos laborales en la mirada de un sobreviviente y abogado de las víctimas.

Región de Parral. Vista del ingreso a la colonia, hoy llamada Villa Baviera, fundada por un grupo de inmigrantes alemanes en 1961.
Foto: Getty Images
Colonia Dignidad persiste en la memoria política de Chile. Fundada en 1961 por Paul Schäfer –un exjerarca nazi– en la región de Parral, 350 kilómetros al sur de la capital Santiago, fue un lugar emblemático de la sangrienta dictadura de Augustro Pinochet, y escenario de todo tipo de abusos. El territorio, controlado por una comunidad de alemanes expatriados bajo el nombre de «Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad», se mostraba hacia afuera como un modelo utópico de trabajo, pulcritud, perseverancia y solidaridad, pero escondía un mundo siniestro, una secta de inspiración medieval que esclavizaba a sus integrantes y donde se normalizaron los abusos sexuales, la pedofilia, las torturas y la muerte.
Cuando el país vecino recuperó la democracia en 1990 tomaron más volumen una serie de denuncias sobre las atrocidades ocurridas en el terreno de 14.000 hectáreas, lo que hizo caer el camuflaje y el apoyo político, en medio de un cambio de época que contribuyó a que surja la verdad.
Apoyado por la oscura trama de poder que lo sostuvo por décadas, Schaefer logró huir, pero fue detenido en Argentina y extraditado en 2005 a Chile, donde fue condenado a 20 años de prisión por abusos sexuales a 26 chicos, a lo que se sumaron 7 años por infringir la Ley sobre Control de Armas, debido al hallazgo de un arsenal de armas de guerra y explosivos en la Colonia. Murió 5 años después en el hospital de la penitenciaría de Santiago de Chile, el 24 de abril de 2010, a la edad de 88 años.
En la ex Colonia, ahora llamada Villa Baviera, utilizada por la dictadura de Pinochet para emplazar centros de tortura y exterminio, persisten, además de los conocidos reclamos de memoria y justicia impulsados por organismos de derechos humanos, varios litigios enmarcados en una situación jurídica y social compleja que –repleta de disputas– constituye aún una de sus marcas distintivas.
La estrategia del jerarca
Para entender la trama legal que propició esta disputa y permitió a un pequeño grupo apropiarse del enorme patrimonio acumulado por décadas, hay que retroceder en el tiempo, explica Winfried Hempel, abogado de un grupo de colonos, principalmente víctimas y exsobrevivientes que sufrieron abusos y explotación.
Entre 1960 y 1990 el estatus jurídico de la que gozaba la Colonia era la de corporación sin fines de lucro, una categoría que fue cancelada por decreto del presidente Patricio Aylwin (1990-1994) poco después de llegar al poder.
Según Hempel, quien también fue víctima, sobreviviente de la ex Colonia donde vivió desde su nacimiento hasta los 20 años, Schaefer impugnó ese decreto y desató una larga batalla legal que duró hasta 1994, un lapso que le «permitió al jerarca traspasar todos los bienes de la Fundación a sociedades anónimas y migrar todo su holding a un sistema netamente comercial en el que hizo accionistas a los colonos».
–¿Con qué criterio de distribución?
–En la colonia había una extraña mezcla de víctimas, victimarios y gente que era un poco cada cosa, a quienes yo llamo las ovejas grises. Entre colonos se victimizaban mutuamente en una olla a presión en la que cada uno buscaba cierto espacio respecto del otro para poder escalar en esa pirámide. Schaefer hizo primero socios a sus secuaces, a los jerarcas, 12 familias privilegiadas que empezaron a administrar la sociedad. Sin embargo, el Gobierno democrático decidió fiscalizar la Colonia y envió autoridades del trabajo, tributarias, sanitarias, educativas, etcétera.
–¿Con qué se encontraron?
–Descubrieron lo que ya todos sabían, que los colonos vivían sin derechos laborales y prácticamente en la esclavitud, trabajando de lunes a lunes, 12, 15, 16 horas diarias o más, sin salario, lo que derivó en una serie de multas y sanciones.
Sin embargo, la pugna patrimonial se complicó aún más luego de que la jerarquía del enclave decidió trasformar a los colonos en socios, una estrategia que justificó ante las autoridades la falta de pago de salarios, bajo el argumento de que «todos son accionistas». De este modo, unas pocas familias evadieron obligaciones como el pago de cargas sociales y sueldos, mientras mantenían el control económico y político sobre los habitantes.
Hempel, que nació y creció en el enclave bajo este mismo régimen de esclavitud y abusos, explica que bajo este esquema la cúpula dirigente retuvo una mayor cantidad de títulos y poderes, con lo que aseguró su férreo control sobre las empresas mientras perpetuaba un modelo jerárquico donde la mayoría de los colonos no obtenían beneficios reales ni dividendos significativos y un pequeño grupo concentraba las ganancias.
La estructura descripta reforzó el aislamiento y dependencia de los colonos hacia los líderes y consolidó ante parte de la opinión pública la narrativa de una comunidad autosuficiente y cohesionada bajo reglas estrictas.
–¿Cuánto tiempo duró esa situación?
–Bueno, en realidad parte de esa situación se perpetúa hasta el día de hoy, pues a pesar de que se cayó el régimen, que arrestaron a Schaefer en Argentina en el 2005 y que toda la Colonia fue declarada asociación ilícita, insólitamente esas empresas subsisten hasta el día de hoy.

Winfried Hempel. Recalca que los sectores más poderosos del país impiden que se haga justicia.
Foto: Gentileza Winfried Hempel
–¿Cómo se posicionan los colonos respecto a este tema?
–En la actualidad, los colonos se dividen en tres grupos. Hay quienes se fueron y viven en Alemania, otros que huyeron de la Colonia, pero permanecen en Chile, y por último los que aún viven dentro de la Colonia. Los primeros, son un grupo mayoritario y se fueron sin nada. Nunca les pagaron sueldos y no tienen ahorros ni imposiciones (aportes de la seguridad social), por lo que no podrán recibir pensiones. Es decir, lo único que les queda son esas acciones del holding, que son como la manzana de la discordia, y esto es un tema de doble filo, porque es como tener acciones del lugar que te esclavizó. Sin embargo, es lo único que tienen como carta de cambio para negociar algo.
–¿El holding reparte los beneficios de esas acciones? ¿Con qué criterio?
–Entre 1990 y 2023 no repartieron nunca utilidades. Recién cuando el tema cobró notoriedad y recurrimos a la Justicia, logramos que en los últimos dos años fueran repartidas «sumas ínfimas, ridículas» que rondaron los 500 pesos (75 centavos de dólar). En la estructura original del enclave, los hijos de jerarcas no tenían privilegios claros, pero algunos de ellos se acomodaron en los cargos más relevantes y administran el patrimonio sin contrapeso ni disposición a modificar esa estructura, algo moralmente muy complejo, porque ellos fueron esclavizados junto con todos los demás colonos.
–En marzo el Gobierno de Gabriel Boric anunció la expropiación de algunos terrenos de la ex Colonia. ¿Qué opinan los excolonos de esta decisión?
–Como en todo lo demás, hay diversas opiniones. La Asociación por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad de los ex Colonos (ADEC), que integra víctimas y excolonos, apoya la expropiación y la considera una medida necesaria para lograr justicia, perdón y paz. Estiman que la decisión constituye un acto simbólico de reparación moral y un reconocimiento a las víctimas. Otros consideran la expropiación una medida justa y necesaria, pero exigen a las autoridades que los fondos que se recauden sean destinados directamente a indemnizar a las víctimas y no a los actuales propietarios o herederos de los fundadores. Por último, están los descendientes de los jerarcas de la colonia que tomaron el control de las empresas y se oponen a un proceso de expropiación que podría incidir en los negocios turísticos y agrícolas que gestionan actualmente.
Para finalizar, Hempel califica como «frustrantes» los plazos transcurridos en la batalla legal por Colonia Dignidad. «Ocurre que en la actualidad solo podemos iniciar acciones por delitos de lesa humanidad, que no prescriben –señala–. Todo lo vinculado al derecho laboral civil ya prescribió. Es esta la razón por la que se niegan tajantemente a negociar. En Chile, el poder real se ubica en varias partes. La Justicia es un campo muy conservador. Los impedimentos provienen de los sectores más poderosos del país, siempre dispuestos a bloquear que se produzca este acto de justicia».