18 de mayo de 2021

Manuel Alfieri

El Gobierno de Mario Abdo Benítez atraviesa su peor momento por el mal manejo de la crisis sanitaria. En medio de acusaciones de corrupción y masivas protestas, la oposición impulsó un juicio político para destituirlo. Las pujas en el Partido Colorado.

No hay Gobierno que haya salido ileso de la crisis que generó la pandemia de coronavirus. En todo el mundo, y salvo contadas excepciones, la aparición de la enfermedad produjo consecuencias devastadoras en términos sanitarios, sociales, políticos y económicos. Hasta los presidentes y primeros ministros que gozaban de mayor popularidad vieron caer sus índices de aprobación.
En América Latina, uno de los mandatarios que más está sufriendo los coletazos de ese verdadero drama es el paraguayo Mario Abdo Benítez, quien ya venía enfrentando un clima tenso debido a las denuncias de corrupción en su contra. Su situación se agravó a raíz de su impericia para manejar la crisis sanitaria en curso. Hoy el país atraviesa una preocupante situación por el colapso de su sistema de Salud: al cierre de esta edición, la ocupación de camas de terapia intensiva estaba al tope, faltaba personal para atender a pacientes críticos, escaseaban los medicamentos y la campaña de vacunación había iniciado de manera tardía.
Ante ese escenario, los paraguayos salieron a las calles para exigir respuestas. Las manifestaciones, que comenzaron en marzo, convocaron primero a unos cientos de indignados en Asunción. A los pocos días, la chispa se extendió al resto del país y esos pocos se convirtieron en miles. Hubo grandes movilizaciones, protagonizadas por estudiantes, trabajadores y campesinos, con la misma consigna: «Fuera Marito». Como explicó el expresidente Fernando Lugo, el germen de las protestas fue el hartazgo de la población ante la desidia estatal. «Mario Abdo Benítez gobierna como si no hubiese pandemia. La prioridad es la vida de la gente», sostuvo el exobispo. El caldeado clima social se trasladó rápidamente a la arena política. La oposición paraguaya, encabezada por los liberales y el progresismo, impulsó un juicio político para destituir a Abdo Benítez por su manejo «corrupto e inoperante» de la pandemia: denunciaron falta de medicamentos, demoras en la compra de vacunas y negociados con insumos que empresarios particulares consiguieron en China.
Los manuales de ciencia política dirían que el contexto era inmejorable para avanzar con el juicio: un presidente desgastado, en medio de una profunda crisis, con acusaciones de corrupción y convulsión social incluida. Pero a ese explosivo combo le faltó una pata fundamental: el apoyo del Congreso. La iniciativa opositora chocó de frente contra el escudo legislativo que Abdo Benítez posee en la Cámara de Diputados, donde el oficialista Partido Colorado impuso su mayoría. Con 42 votos en contra y solo 36 a favor, la oposición quedó muy lejos de reunir los 53 necesarios para que el juicio político prosperara.
Eso, sin embargo, no implicó el fin de la crisis. Las movilizaciones continuaron y el Gobierno reprimió duramente a los manifestantes, lo que derivó en la renuncia del jefe de la Policía. En un intento por aquietar las aguas, el presidente despidió a varios de sus funcionarios más cercanos –entre ellos, el ministro de Salud– y se vio obligado a renovar a su erosionado Gabinete.

Lucha entre facciones
Pero los problemas para Abdo Benítez no provienen únicamente del frente externo, sino también del interior de su propio partido. Hubo un sector de los colorados que durante varios días amenazó con votar a favor del juicio político. Algunos legisladores «rebeldes» incluso llegaron a considerar que la permanencia del presidente le «cavó la fosa» al partido. «No sé cómo vamos a golpear puertas cuando sean las elecciones», aseguró el senador Sergio Godoy, quien defendió la destitución.
Ocurre que los colorados están partidos en dos entre una corriente que responde a Abdo Benítez y otra que sigue al expresidente Horacio Cartes. Los choques entre ambas facciones vienen siendo durísimos desde febrero, con acusaciones de corrupción a uno y otro lado. Lo único que los mantuvo unidos hasta el momento fue la posibilidad concreta de perder el control del Gobierno. Algo que sería inadmisible para un partido que hizo de su permanencia en el poder una costumbre: está al frente del país desde la dictadura de Alfredo Stroessner en 1954, con la única excepción del período 2008-2012, cuando gobernó Lugo.
A pesar de las violaciones a los derechos humanos cometidas por Stroessner, todavía son muchos los colorados –incluido Abdo Benítez, hijo de quien fuera secretario privado del dictador– que rescatan la «paz» que se vivió por aquellos años. Está claro: la disciplina partidaria y la estabilidad política son piedras preciosas para los conservadores paraguayos. De hecho, no es la primera vez que los correligionarios del presidente salen a su rescate, a pesar de las diferencias internas. En agosto de 2019, con apenas un año de gestión, Abdo Benítez sorteó otro pedido de juicio político iniciado por la oposición, gracias al apoyo de su partido.
Las próximas semanas serán clave para el futuro de «Marito». Si el Gobierno continúa sin dar respuestas a la pandemia, la situación se agrava y el clima social se tensa más, puede que muchos colorados se decidan, finalmente, a darle la espalda.
En ese caso, la oposición podría plantear nuevamente su destitución. Y ahí sí, quizás, la tercera sea la vencida.