Mundo | TREGUA Y TENSIÓN

Ecuador, una olla a presión

El acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena logró frenar las protestas aunque no resuelve la crisis. Lasso y los actores clave del conflicto.

Quito. Una de las masivas movilizaciones contra las políticas del Gobierno, en junio. El presidente Lasso respondió con represión.

AFP / VERÓNICA LOMBEIDA

«Era urgente el acuerdo, lo necesitaban todas las partes tras tantos días de huelga, de violencia y de muerte. Lo querían aunque no lo reconocieran. Queda la impresión que lo inmediato va a ser muy complejo. La crisis dejó heridos y consecuencias en todos los sectores». El periodista ecuatoriano Vicente Ordóñez, en diálogo con Acción, hace una adecuada pintura del país post levantamiento popular. Cuando se le pregunta si es probable un nuevo estallido a la brevedad, de ningún modo lo niega.
Transcurrieron pocas jornadas desde el pacto firmado entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, tras la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que puso fin a 18 tensas jornadas de movilizaciones, violenta represión, al menos 6 muertos, centenares de heridos. Ecuador fue un país paralizado hasta el borde del desabastecimiento. Las señales posteriores son al menos ambivalentes: por un lado se expresa un franco alivio. Por el otro, que solo algunas cuentas pendientes tuvieron sutura.
De hecho, en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso perdió parte de su gabinete, empezando por su alfil, el ministro de economía Simón Cueva, sindicado como el factótum de un crecimiento de 4,1% del PBI en el último año, que en el primer trimestre de este 2022 subiera un 3,8%. La contracara: como suele serlo, el ajuste implementado fue brutal y la distribución de la riqueza es la más fuertemente desigual. 
Alguna vez el país fue llamado «Isla de la paz», aun cuando en las últimas décadas estuvo signado por una marcada inestabilidad política: paradójicamente, Ecuador proviene del latín «aequatar» que significa igualdad. 

Contra las cuerdas
Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza asumió como presidente el 24 de mayo de 2021. Cercano al Opus Dei, su vida en el Palacio de Carondelet es más vertiginosa que como director del Banco de Guayaquil. Lidera un Gobierno de empresarios y de las élites blancas, incluida la poderosa derecha guayaquileña. Por segunda vez en ese breve lapso evitó de ser destituido.
Ya en diciembre su mandato crujió con dos escándalos. Las recurrentes masacres en las cárceles (solo en 2021 hubo más de 200 asesinatos en la Penitenciaría del Litoral) encendió la mecha que explotó con la acusación relacionada con los Pandora Papers: Lasso tenía intereses en 14 sociedades incumpliendo la ley. Pese a las pruebas, la moción en su contra en la Asamblea recibió solo 51 apoyos (77 rechazos; 7 abstenciones). Aún mantenía el apoyo de quien fuera clave en su acceso al Gobierno: el dos veces frustrado candidato presidencial, exalcalde de Guayaquil (2000-2019) y líder del Partido Social Cristiano, José Nebot, quien admitió reuniones con Lasso y con el expresidente Rafael Correa, hace un año, para acordar gobernabilidad. Es influyente, pese a que había anunciado su retiro de la política. Pero ya a fines del 2021, Lasso acusó a Nebot, a Correa y al líder indígena Leónidas Iza de constituir el «triunvirato de la conspiración». 
El último levantamiento popular de junio llevó a que la legisladora correísta Patricia Núñez (UNES) presentara la moción de activar «el artículo 130 de la Constitución y proceder a la destitución del presidente». Intervinieron 109 de 137 asambleístas. Se requerían 92 votos: obtuvieron 84 (UNES, algunos de Pachakutik, parte del fracturado PSC y de Izquierda Democrática), contra 42 y 14 abstenciones. Lasso salvó su trono. Aunque por esas horas se reveló que Nebot se había reunido en una sede militar con el actual vice Alfredo Borrero, con el color y la forma de una actitud destituyente.«Esos 8 votos que faltaron para la destitución son muy poca cosa. Lasso lo sabe perfectamente», advierte a Acción el politólogo ecuatoriano David Chávez. 
Sin embargo, su mayor enemigo actual es Segundo Leónidas Iza Salazar, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) desde el 27 de junio del 2021. Descendiente de dirigentes indígenas, controversial para propios y extraños, convive con el amplio abanico del Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, creado en 1995. El que con la candidatura de Yaku Pérez (enemistado con Correa por motivos políticos y también personales) fue clave en las elecciones de 2021 para consagrar a Lasso, en desmedro del correísta Andrés Arauz. En la primera vuelta, Pérez fue 3° con el 19%. Ya en el Gobierno de Lenin Moreno (2017-21) tanto Conaie como Pachakutik tuvieron idas y venidas.

18 días en el infierno
Conaie aglutina a 14 nacionalidades y 15.000 pueblos originarios. Representa una minoría poblacional pero es el mejor organizado de los movimientos sociales. 
El aumento de la pobreza y el desempleo fueron las claves del levantamiento popular, inclusive sin la pandemia acosándolo todo. La mañana del viernes 24 de mayo, mientras Lasso daba un informe por su primer año de Gobierno, Iza convocaba a un paro nacional para el 13 de junio: baja en el precio de gasolinas; aumento del presupuesto para salud y educación pública; subsidios agrícolas; no a la flexibilización laboral ni privatización de empresas públicas; no a la explotación mineral en los territorios indígenas; respeto a los derechos de esos pueblos y nacionalidades; medidas ante la inseguridad urbana y las matanzas en cárceles. Desde ese día 13, la Conaie, la Organización de los Indígenas Evangélicos y la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, en acuerdo con el Frente Unido de Trabajadores, bloquearon vías en varias ciudades. Decenas de miles fueron la fuerza ancestral contra la injusticia.
Ese lunes, Iza arengaba: «Vinimos por los 10 puntos y nos iremos con los 10 puntos». No fue exactamente así. A las 48 horas, de madrugada, fue detenido por la policía en Pastocalle, Cotopaxi, junto a otros cuatro líderes. Volvió al frente de lucha al día siguiente, liberado por una jueza que, no obstante, tildó la aprehensión como «legal». El juicio continúa. 
Mientras, Lasso ordenó represión, instauró el estado de excepción y declaró: «El Gobierno no puede dialogar con quienes quieren secuestrar la paz». Pero el viernes 17 se ponía a negociar. Ya había al menos cinco muertos reconocidos. La gran capital, Quito, paralizada, militarizada y humeante por los fuegos de las protestas y los gases de la represión, con epicentro en el coqueto Parque el Ejido: habían entraron por el sur y por el norte de la ciudad. Recién se fueron hace unas horas.
Lasso apostaba al desgaste popular, pero el poder que se esmeriló fue el suyo. El sábado 25 anunció «la terminación del estado de excepción en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura». El lunes 27 bajó el precio de los combustibles en un intento conciliador. Pero a la madrugada siguiente se produjo un episodio en Shushufindi, en la Amazonia ecuatoriana, reproducido con estridencia por los medios: acusaron a indígenas de atacar a un convoy militar que custodiaba tanques de combustible. Un soldado muerto, 12 heridos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció el fin del diálogo. «No rompe con Iza, rompe con el pueblo», replicó la Conaie. 
Lasso se sintió fortalecido por el resultado en la Legislatura: grave error. Entraron a tallar otros poderes. Por un lado, la Conferencia Episcopal, empujada por la derecha, que veía tambalear sus negocios: por caso, los 2.200 pozos petroleros en las Amazonía. Y por las FFAA. Chávez explica que los militares nacionalistas superan a los liberales en las pujas internas, y apoyan al Gobierno «más que por coincidencias políticas, por no quebrar las instituciones». Pero las vieron peligrar. Incluso sugiere que algunos de esos sectores veían la posición indígena con cierta simpatía. Fue más que un clamor: negociación y pronto acuerdo.

Final abierto
En el imponente edificio circular de Centro Cultural Ecuatoriano frente al tradicional Parque El Arbolito, en Quito, el sol rebota furioso sobre los cristales plateados. Fue el búnker de la rebelión popular. Allí entraron por la fuerza las milicias. Allí se rubricó el acuerdo: un hecho por demás simbólico. No fueron los 10 puntos requeridos. Baja extra en el precio de las naftas y establecimiento de una mesa negociadora por 90 días. Ordóñez arriesga a vaticinar que en ese plazo «será muy dificultoso que se llegue a un acuerdo». Insiste en que «el Gobierno pende de un hilo».
Además, la oposición política que «en un primer momento se centró en que Lasso dejara el poder, comprendió la necesidad del diálogo ya que no hay votos suficientes para su salida a través del Legislativo». Al menos hoy. Ordóñez introduce otro elemento: la sospecha de que desde Bélgica Correa seguirá impulsando no solo el llamado urgente a elecciones sino el levantamiento de su imposibilidad legal de ser candidato. Pero el actual oficialismo, sus aliados y hasta algunos que hoy no lo son, temen que si regresa de su exilio será con un halo victorioso. Tal vez por eso, los diarios hegemónicos, durante el conflicto, azuzaron la idea de que el correísmo se infiltró en el movimiento indígena para echar leña al fuego.
Richard Intrago, dirigente del Movimiento Nacional Campesino, enfrentado al correísmo, también desliza su crítica ante la Conaie: «Una lucha mal llevada, con malas estrategias que generan caos y fortalecen a Lasso».
El destinatario del dardo no es otro que Iza, un personajes que parte aguas. Este primer lunes de julio comenzó el juicio en su contra en Cotopaxi. Ningún consultado se atreve a arriesgar que Iza evitará ser condenado. Tampoco qué ocurriría con sus seguidores, si eso sucede. 
Un motivo más para afirmar que la crisis ecuatoriana está muy lejos de haberse resuelto.


Ricardo Gotta