11 de octubre de 2025
La quita del subsidio al diésel desató masivas protestas del movimiento indígena. La crisis de un Gobierno que se alinea con EE.UU. y apela al ajuste y la mano dura. Nueva Constitución en debate.
En la calle. Una manifestante indígena frente al cordón policial en Cayambe, en el marco del paro nacional del 1 de octubre.
Foto: Getty Images
Un dólar vale millones. En este Ecuador en llamas, el aumento del galón de diésel de US$1,80 a US$2,80, desde lo simbólico y lo práctico, significó mucho más que un dólar. El disparador fue la quita del subsidio al combustible que dispuso el Gobierno de Daniel Noboa y que suscitó la reacción de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas: paro general y marchas masivas que se prolongan por semanas, con choques y represión, que ya se cobraron un muerto, 40 heridos y más de 200 detenidos, incluidos líderes indígenas.
El conflicto es serio en sí mismo. Además pone en evidencia la crisis de una administración lanzada a la consolidación de un nuevo proyecto neoliberal en la región.
Daniel Noboa llegó al Palacio de Carondelet –sede de la Casa de Gobierno– con la idea del alineamiento a rajatabla con las políticas dictadas por Estados Unidos. Un proceso que encaró al asumir en noviembre de 2023, pero que iniciaron los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso: acabar con el Estado benefactor del correísmo.
En Ecuador los combustibles son de escasa calidad. Y el diésel es clave en la economía de las clases bajas, que ahora deberían destinar unos US$250 más para cubrir sus necesidades básicas, en un marco de progresivo deterioro de la economía dolarizada. La pobreza en junio se ubicó en 24% con niveles que se duplican en zonas rurales, donde viven unos 8 de los 18 millones de ecuatorianos. El Gobierno aseguró que se «ahorra» US$1.500 millones mensuales en subsidios y los aplicaría en educación, salud y programas sociales, pero la primera medida fue ceder US$220 millones en bonos a transportistas, para beneficio de empresas y terratenientes rurales.
El de los subsidios a combustibles es un conflicto recurrente en Ecuador: Moreno (2019) y Lasso (2022) enfrentaron protestas masivas y ambos retrocedieron ante la presión social, lo que, según los analistas, redundó en el fracaso de sus Gobiernos. A Noboa, le reconocen un obstinado discurso de disciplina fiscal y direccionamiento de recursos hacia sectores productivos. Aunque caiga en contradicciones flagrantes, la Exportadora Bananera Noboa, de su familia, sostenía en enero pasado una deuda de US$94 millones con el Servicio de Rentas Internas. Con erogaciones mínimas se puso en cero gracias a la Ley Orgánica de Integridad Pública, votada por un Parlamento cómplice. Una norma controversial no solo por los vericuetos fiscales favorables a los poderosos; también por las reformas a leyes vigentes sobre Justicia penal, lo que le valió un duro repudio de organizaciones de derechos humanos. Refiere a «erradicar la violencia y la corrupción en cargos y funciones públicas y mejorar la eficiencia del sector público». Claro, no menciona a las empresas familiares. Tal fue el escándalo que la Corte Constitucional, en un primer fallo, le bajó el pulgar.
No fue el único traspié: ante las masivas marchas de 90.000 personas en Cuenca, Noboa anuló la licencia ambiental de la canadiense Dundee Precious Metals, para el proyecto de minería Loma Larga.
Mecha encendida
No son buenos antecedentes frente a la consulta popular que Noboa convocó para noviembre, sobre temas candentes como la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador y el llamado a una asamblea que pergeñe una Constitución neoliberal, que permita, por caso, privatizaciones de servicios públicos y una reforma laboral.
Eso en un país movilizado. Los reclamos de la Conaie no solo se refieren al subsidio a naftas. También plantean reivindicaciones como la defensa de la tierra y los territorios; rechazo al extractivismo; mejoras en salud y educación pública; reducción del IVA del 15% al 12% y respeto a los derechos colectivos, entre otros temas.
Daniel Noboa. El presidente encabezando un acto junto a la policía, en la provincia de Bolívar.
Foto: NA
Por estas horas, la pulseada se visibiliza con la amenaza de que las marchas lleguen a Quito (fueron allí las mayores protestas de 2019 y 2022), como anunció el titular de la Conaie, Marlon Vargas.
La mecha está encendida. Noboa optó por el libreto completo de las derechas regionales: una estrategia que apela al desgaste, apoyada en un fuerte juego mediático. Los medios tratan a los indígenas de «terroristas» y ocultan la salvaje represión en zonas como Imbabura, Bolívar y Pichincha, con las consabidas denuncias de violaciones de derechos humanos. Y mientras restringe sus apariciones públicas (este miércoles denunció un intento de asesinato tras un ataque a su comitiva en El Tambo, provincia de Cañar), declara el estado de excepción por 60 días en 12 provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Ya regía en Imbabura y Carchi. El objetivo: impedir los bloqueos.
