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Ejidatarios de la comunidad chol están denunciando la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia en el norte de Chiapas. Esas fuerzas vienen actuando a favor del gobierno de Tila en un conflicto en el que el pueblo originario reclama la restitución de tierras en las que se construyó ilegalmente la cabecera municipal. Se trata de las mismas que actuaron a fines de los 90 por encargo del estado mexicano contra los zapatistas, y que produjo la desaparición de 122 indígenas y el desplazamiento de otros 4.000. Luis Hernández, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, explicó que la formación irregular nunca se extinguió. El pasado diciembre, el Congreso Nacional Indígena había exigido respeto a la autonomía de los choles y defendido la ocupación de la sede municipal para evitar la privatización y el robo de tierras ancestrales. También había destacado que los integrantes de Paz y Justicia nunca fueron condenados: «El ayuntamiento de Tila, controlado por paramilitares, además del mal gobierno estatal y federal, tiene una gran deuda pendiente de justicia no solo frente al ejido, sino al pueblo chol y la humanidad».