26 de junio de 2014

«El 30 de setiembre de 2010 se intentó llevar a cabo un golpe de Estado blando, en donde hubo reuniones planificadas en Quito y fuera de la ciudad entre militares en servicio pasivo y activo», explicó en su informe final la comisión que investigó la intentona destituyente contra el gobierno de Rafael Correa. El documento, presentado al Fiscal General de Ecuador, confirmó que detrás de la sublevación policial –desarticulada en gran medida gracias a la pronta intervención de la Unasur– se puso en marcha un plan vinculado con una «estrategia de desestabilización regional» que incluyó a sectores opositores. Las indagaciones muestran también que ciertos medios de comunicación desvirtuaron el sentido de las reformas de Correa que afectaban las pensiones de los policías y llevaron adelante «una campaña de desinformación que buscó generar malestar en sectores de la ciudadanía y de la fuerza pública». La comisión realizó unas 500 reuniones para elaborar sus conclusiones y, si bien no reveló nombres propios, por otro lado, aseguró que aspira a que la Justicia establezca quiénes fueron los autores intelectuales del hecho que puso en vilo a Latinoamérica, porque Correa estuvo a merced de los golpistas por unas ocho horas hasta que se desarticuló la maniobra.