23 de diciembre de 2015

Los asesinatos cometidos por las policías de Río de Janeiro vuelven a recrudecer. Los 111 disparos oficiales que acribillaron a 5 jóvenes negros y desarmados, en la favela Costa Barros, a fines de noviembre, encendieron otra vez la alarma social. La población está exigiendo una ley contra el genocidio de jóvenes negros que, según relatores de la ONU, es el sector que más está padeciendo la recesión económica. Amnistía Internacional ya había revelado en agosto que, en la favela de Acari, 9 de cada 10 casos presentaban evidencia de ejecución extrajudicial: 99,5% eran hombres, 79% negros y el 75% tenía entre 15 y 29 años. «No es admisible que un Estado como el de Río de Janeiro mate a más de 8.000 personas en el transcurso de operaciones policiales en un período de 10 años», advirtió Atila Roque, director ejecutivo de esa ONG en Brasil. La misma presentó recientemente un informe acompañado por 61.000 firmas que ofrece soluciones y pide acabar con la violencia uniformada carioca. Recientemente, el fiscal de la auditoría militar, Paulo Roberto Cunha Junior, exigió pacificar a las fuerzas locales.