12 de octubre de 2017

Tegucigalpa. Rostro de un líder asesinado y consignas por una educación libre. (Sierra/AFP/Dachary)

El conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) continúa escalando. A principios de setiembre, la policía realizó un brutal desalojo de la toma estudiantil donde se detuvo a más de veinte alumnos y a cuatro defensores de derechos humanos, tres de los cuales fueron procesados. Organizaciones sociales denunciaron que «se hicieron arrestos sin orden de captura ni procedimiento judicial» y pidieron sanciones a los policías implicados en ese operativo.
Poco después, la rectora Julieta Castellanos, quien posee casi 90 denuncias en el Ministerio Público por mal desempeño de sus funciones, finalmente renunció. Sin embargo, nada cambió con las nuevas autoridades. Recientemente, la Justicia anunció que también procesaría al dirigente estudiantil Marcio Silva, quien se sumó a la lista de jóvenes que enfrentan condenas de hasta tres años de prisión. La decisión desencadenó nuevas marchas en las que los estudiantes fueron reprimidos con gases y tanquetas en las calles de Tegucigalpa. Con estas acciones, Honduras sigue ignorando que en 2016 se comprometió en la Organización de Naciones Unidas (ONU) a terminar con estos procedimientos en la UNAH.