30 de marzo de 2022

Gustavo Veiga

Por poco margen triunfó la opción de no derogar 135 artículos sometidos a referendo. El alza en el costo de vida y el reto del Frente Amplio.

Uruguay quedó dividido en dos mitades casi simétricas. Si ya lo estaba antes del referendo por la Ley de Urgente Consideración (LUC), la apretada victoria del Gobierno de Luis Lacalle Pou ratificó una impresión que se extiende por casi toda la región. El bipartidismo es más que la suma de un par de fuerzas o coaliciones políticas. Atraviesa las clases sociales, refleja la puja distributiva, proyecta dos países en uno y aunque los uruguayos se enorgullecen de su civilidad, siempre hay ganadores y perdedores.
La LUC que el oficialismo quería ratificar y la oposición liderada por el Frente Amplio derogarle 135 artículos es un instrumento constitucional que en el pasado se utilizó en varias oportunidades. En 1992 los uruguayos rechazaron la Ley 16.211 que perseguía la privatización de empresas públicas. Esa norma la había promovido el padre del actual presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, del Partido Nacional, pero su derrota fue por una diferencia abrumadora: 66,3% a 25,2%.
El otro referendo se votó en 2003 y durante una situación muy parecida. El presidente Jorge Batlle del partido Colorado intentó privatizar la compañía estatal de combustibles y lubricantes ANCAP. Aquel mandatario de la disputa por las pasteras con la ciudad de Gualeguaychú y que declaró en 2002 que los argentinos «son una manga de ladrones». El 62,15% de los uruguayos se inclinó por la derogación de su ley y solo cosechó el 35,48% de adhesión a su planteo de entregar la petrolera estatal al mercado.
La LUC es una especie de Ley Ómnibus que para sus detractores tiene los condimentos indispensables que cualquier fuerza de derecha apoyaría: ajuste económico, desinversión en salud y educación pública y la seguridad como eje de su doctrina. El militar Guido Manini Ríos, del partido ultraderechista Cabildo Abierto, es uno de sus defensores más acérrimos. Presidenciable para las elecciones de 2024, sin embargo admitió: «Esta ley no es mágica».

Más allá de los votos
Movimientos sociales, gremios, cooperativistas –que en Uruguay son muy fuertes– y las distintas expresiones de la izquierda en general juntaron las firmas para convocar al referendo, pero por muy poco no les alcanzó para derrotar al oficialismo representado en cinco partidos políticos. El sistema uruguayo determina que un plebiscito se gana contabilizando los votos válidos. Con los apretadísimos guarismos del domingo 27 de marzo en torno al 49%, el voto en blanco fue muy bajo y permitió el triunfo del Gobierno que la Corte Electoral todavía debe convalidar.
La macrocéfala condición del Uruguay, con un padrón mayoritario concentrado entre los departamentos de Montevideo y Canelones, le dio una ventaja holgada a la opción por el Sí en los principales centros urbanos. Sucedió lo contrario en el interior, donde la alternativa del No que apoyaba el Gobierno resultó la vencedora por grandes márgenes.
El presidente del Frente Amplio y exlíder de la central sindical PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que «el Gobierno recibió un cimbronazo». Lacalle Pou declaró en la conferencia de prensa posterior al referendo: «Nosotros mañana estamos de nuevo en nuestros temas urgentes. Esto es una etapa superada y la ley queda firme».
Los sectores populares, golpeados por el alza del costo de vida, vieron en los casi dos años de mandato de su presidente cómo aumentaban los combustibles un 36%, las garrafas de gas el 29%, la harina 64%, la carne picada 77%, el aceite 67% y los huevos un 108% en apenas un par de meses. Uruguay es, tal vez, el país más caro de Sudamérica y Montevideo la segunda ciudad más costosa del continente para adquirir un departamento, por detrás de Santiago de Chile y por delante de Buenos Aires.
«Arrancamos a fines de 2020 con la junta de firmas y alcanzamos una cifra récord para todos los referendos. La primera victoria fue esa, un triunfo claro en ese aspecto. Nosotros no pensamos cuanto peor, mejor, queremos que el pueblo uruguayo viva dignamente, como se merece», declaró el diputado nacional Gabriel Otero, del Movimiento de Participación Popular (MPP) –la fuerza del expresidente José Pepe Mújica–, con mucho arraigo en las barriadas de La Teja y el Cerro de Montevideo.
Al Frente Amplio lo dominaba la sensación de que en octubre de 2024 –cuando se elija de nuevo presidente– tendrá las chances intactas de recuperar el Gobierno. Faltan dos años y medio. Lacalle Pou ganó en las urnas, aunque perdió en la calle. El referendo no estaba en sus planes y ahora conducirá el país sin tanto margen para ilusionarse de que es intocable.