13 de enero de 2023

Ricardo Gotta

En el marco de la ofensiva regional contra la democracia, una ultraderecha que no se rinde busca desestabilizar al Gobierno de Arce. La detención clave de Camacho.

«En Bolivia, la composición de las elites económicas tiene como espacio de concentración a Santa Cruz. La mayor parte de ese poder viene de dos negocios fundamentales: la propiedad y el control de la agroindustria y de las entidades financieras. Son los dueños de la tierra y de los principales bancos. Al mismo tiempo son los dueños de los grandes medios de comunicación del país. Ahí cierra el círculo». Lo dice Edmundo Juan Nogales Arancibia, un abogado ligado a organizaciones sociales.
«Históricamente Santa Cruz se manifestó contra el estado plurinacional, con sus antepasados europeos beneficiados por las dictaduras con grandes extensiones de tierra, concesiones, muchos privilegios. Pero para los gobiernos populares, la tierra tiene función social. Y los grandes terratenientes se ven afectados. Nunca aceptarán la visión del tú a tú de la ojota y la pollera con el resto, y la política de justicia social. El Oriente lo ve como un insulto: contradice lo que históricamente le enseñaron en la colonia». Gabo Campero es periodista. También aporta su visión desde esa Bolivia tan en pugna como el resto de la región.
Ambas síntesis refieren a su país: perfectamente podrían adaptarse a la puja de poder que dirimen las fuerzas regionales de derecha, estrechamente relacionadas, con su modus operandi cada vez más intenso, áspero y violento según el nivel de progresismo de los gobiernos de sus respectivas naciones.
Resuenan los gravísimos hechos desestabilizadores que padece Lula da Silva y el flamante Gobierno brasileño todo. También la reverberación de la cruenta puja en suelo argentino, con el hecho crucial del atentado a Cristina Fernández. Hace poco más un mes derrocaron en Perú a Pedro Castillo, que había asumido solo 17 meses antes, sometido a brutales presiones: su propia vice, Dina Boluarte, lo reemplazó sin inmutarse y hace unas horas también impidió el ingreso de Evo Morales, quien pretendía visitar a su colega preso. Y se oyen los gritos golpistas que suben de la Media Luna boliviana hacia el Gobierno progresista de la República Plurinacional, los mismos que desencadenaron la asonada de 2019 contra Evo, con un epicentro palpable en la portentosa Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento.
La crucial diferencia se ve nítida. Dos países contrapuestos. El del Altiplano, con sus raíces en las etnias quichua y aymara cuyo epicentro es La Paz y la extensa zona selvática y boscosa, y sus bonitas llanuras, con corazón en la Santa Cruz pretendidamente europeizada.

Cuestión de clase
La «Ciudad de los anillos» no solo lo es por sus anchas avenidas concéntricas enmarcadas en modernos edificios, ubicada en los llanos orientales a orillas del río Piraí. Es la más poblada: se certificarán sus cifras en marzo de 2024, en el Censo de Población y Vivienda, postergado por el COVID-19. Su gobernador está detenido en el penal de «máxima seguridad » de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz. Luis Fernando Camacho Vaca es el mismo que ingresó al Palacio Quemado –que en 2019 faltó poco para que fuera arrasado por las llamas como en 1875–, con una Biblia en la mano: fue partícipe del golpe a Evo Morales, por el que ahora es juzgado. Pero además, ya como mandatario de su tierra, a fines de 2022, encabezó un paro cívico, violento, desestabilizante, por más de un mes. La excusa, la postergación del Censo que, augura, le dará mayor representatividad en el Congreso nacional.
La Media Luna está integrada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando (limitan con Brasil) y Tarija. Por caso, en 2009, propiciaban la creación de la nación Camba. Siguen siendo separatistas pero de un modo más sutil: hoy hablan de federalismo. Santa Cruz limita con estados brasileños, como Mato Grosso, cuyo gobernador es Mauro Mendes Ferreira, uno de los más conspicuos bolsonaristas de Unión Brasil, y con quien Camacho se lleva mejor que con Eduardo Corrêa Riedel (PSDB), que administra Mato Grosso del Sur. Una frontera particularmente permeable a la extrema derecha. Bolsonaro, de hecho, dio cobijo a muchos personajes del Gobierno de facto como el exministro Luis Fernando López, tristemente célebre por su promesa de hacer desaparecer gente en segundos.
Varios analistas ven la derrota bolsonarista, justamente, como un acicate a los sectores más reaccionarios para incentivar su acción, en concordancia con otros movimientos de América y la anuencia de facciones europeas, con la española Vox en primera línea.

Falange
Camacho es un apellido histórico del Comité Cívico de Santa Cruz. El empresario José Luis Camacho Parada fue su presidente y de él se relatan historias tenebrosas. Su hijo Luis Fernando lideró la Unión Juvenil Cruceñista, que devino de la Falange Socialista Boliviana, creada a mediados del siglo XX por Carlos Valverde Barbery, para ser el «brazo armado» del CCSC: lucha callejera, adoctrinamiento y apoyo militar. Sus más insignes integrantes alimentaron cuanta dictadura y gobierno de derecha hubo. Un combo de sectores reaccionarios con componente nazi, racismo y mucho dinero.
Nogales afirma: «La detención de Camacho, con sus demoras, recupera parte de la institucionalidad. Fue cuatro veces citado a declarar por el Caso Golpe I. Y no se presentó». No es una acción directa del Gobierno sino de la Justicia, que si bien tiene los habituales lazos con la política, presenta dos alternativas novedosas, como que esas cuerdas se relacionan con las fuerzas progresistas y que, como explica el abogado, «el órgano judicial es independiente del Ejecutivo, tiene organización propia. Las elecciones de los altos cargos de magistrados se llevan a cabo mediante un proceso electoral, no a través de organizaciones políticas tradicionales. La elección de esas autoridades está separada de las gubernamentales o municipales».
De todos modos, el arresto de Camacho conlleva una connotación política trascendente. Recientemente se detectó que durante el golpe realizó distintas transferencias de dinero, verdaderas fortunas, por caso al comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara (condenado junto con la expresidenta Jeanine Áñez y el almirante Gonzalo Jarjuri Rada, implicados en el golpe), implicado en la entrega de armamento proveniente de Argentina, enviado por el macrismo como aporte al derrocamiento de Evo Morales.
Las evidencias respecto a que Camacho compró la complicidad de las fuerzas armadas es demoledora. Auguran como muy dificultosa su salida de prisión, incluso a pesar de que lo aquejaría el síndrome de Churg-Strauss, una seria enfermedad en las vías circulatorias.
En ámbitos políticos consideran que esa detención, una movida audaz e inesperada, marcó el ánimo en los muchos implicados con el golpe y habría roto el cerco entre ellos, por caso, Marco Antonio Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista, uno de los que en estos tiempos se afilian a posturas mucho más moderadas.

La realidad
La recurrente pugna de la derecha hace que se disimulen las divisiones en el gobernante MAS-IPSP, entre partidarios del presidente Arce y los más puros seguidores de Evo, e incluso los movimientos gremiales y sociales que se reparten sus preferencias. Así como el abanico heterodoxo de las corrientes provenientes de los pueblos originarios.
El educador Horacio Vitali asegura que en La Paz solo «se replicó tibiamente» el clima imperante en la Media Luna. «Salvo en la campaña psicológica muy fuerte de los medios», que replican incesantemente las consignas del «club de amigos de la alta alcurnia cruceña, una especie de Rotary más desarrollado». En efecto, los más poderosos grupos mediáticos no solo representan a la derecha más recalcitrante, sino que, como en el resto de la región, forman parte de ella. Por caso, baten el parche del desabastecimiento de alimentos que Vitali, desde su morada paceña, se empeña en refutar.
Desde noviembre de 2019, cuando se perpetró el golpe, hubo casi un año de dictadura, elecciones en medio de la pandemia. Arce ya lleva 26 meses de mandato. La detención de Camacho marcará un hito: se lo carga con parte de la responsabilidad de los casi 40 muertos en aquella asonada. Algunas voces remarcan que ahora sus militantes quemaron la fiscalía de Santa Cruz, el Banco Unión, la Agencia de Hidrocarburos y hasta torturaron a funcionarios nacionales, entre otras fechorías graves. Mientras, el sesgo mediático intenta instalar que se gesta un gran movimiento y acusa al Gobierno central de reprimirlo. Aunque no se contabilizan muertos, lo que muestra una vocación ciertamente opuesta de parte del Estado de no violentar derechos humanos, siquiera ante quienes los violentaron de modo significativo.