2 de septiembre de 2022
El Gobierno de Guillermo Lasso interviene en el Poder Judicial para evitar la liberación del exvicepresidente Jorge Glas. Crónica de un escándalo internacional.
Lacatunga. Saludo de Glas a sus seguidores después de que se le concediera el hábeas corpus para salir de prisión, en abril. Poco después regresó a la cárcel.
Foto: Flores/AFP/Dachary
La persecución política contra líderes de organizaciones populares sudamericanas a través del Poder Judicial acumula escándalos no solo en Brasil y la Argentina. Este año se sumó al podio la República de Ecuador, donde el exvicepresidente Jorge Glas fue convertido en el blanco predilecto de la guerra judicial, popularizada ya como lawfare.
En el país de la Latitud Cero, dos jueces fueron destituidos en horas, y uno de ellos arrestado, tras ordenar la liberación de Glas por los graves problemas de salud que afectan al exvicepresidente de Rafael Correa y Lenin Moreno.
El más reciente ocurrió a comienzos de agosto. El viernes 5 al mediodía, el juez Banny Rubén Molina ordenó la liberación de Glas por su estado de salud. Esa misma tarde, un Tribunal de Apelaciones reabrió una vieja causa en su contra, de 2018, por prevaricato, y revocó el sobreseimiento. El martes 9, el Consejo de la Judicatura (homólogo al Consejo de la Magistratura) le inició un proceso con el cargo de «usurpación de funciones» por liberar a Glas, lo suspendió y ordenó el arresto, que se concretó por la noche. Mientras, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, difundía por redes sociales las fotos del operativo. Glas no obtuvo la libertad porque el Servicio Penitenciario se negó a obedecer la orden del ahora exjuez Molina.
Ingeniero en Electricidad de 52 años, casado y con dos hijos, Jorge Glas es amigo desde la adolescencia del expresidente Rafael Correa, a quien acompañó como vice entre 2013 y 2017, luego de ocupar varios cargos en su Gabinete. Antes del ascenso de Correa, era ejecutivo de una cadena de TV y conductor de programas de política y economía. Delfín de su amigo, en 2016 perdió las elecciones internas por la presidencia del oficialista Alianza País a manos de Lenin Moreno, de quien fue brevemente vicepresidente entre mayo y octubre de 2017.
Glas fue arrestado el 7 de octubre y condenado el 13 de diciembre a seis años de prisión por recibir presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En agosto, el presidente Lenin Moreno lo había despojado de todas sus funciones políticas por la acumulación de denuncias. Recibió en abril de 2020 una segunda condena a ocho años de cárcel acusado de integrar con Rafael Correa «una estructura criminal» que recibía pagos de empresas a cambio de concesiones de obra pública.
Cuadernos y absurdos
Desde 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con organismos humanitarios locales, regionales e internacionales reclaman sin éxito o su liberación o arresto domiciliario debido a lo endeble de su salud, agravada por problemas psiquiátricos derivados de los maltratos y torturas sufridas en prisión, según detallaron las juntas médicas.
Glas debía ser puesto en libertad «por la vulneración de los derechos a la integridad física y la salud tras haberse justificado sus padecimientos, los que no han sido atendidos de manera correcta y especializada en el entorno carcelario». Así fundamentó la aceptación de un hábeas corpus el juez Diego Moscoso, el primero de los magistrados destituidos este año por liberar al exvicepresidente.
Moscoso había ordenado la excarcelación, el 9 de abril pasado, y al día siguiente la Judicatura lo suspendió por 90 días hábiles y le inició un proceso por prevaricato. También suspendieron y sumariaron a todos los funcionarios que intervinieron en el proceso, entre ellos médicos y agentes penitenciarios que certificaron las enfermedades de Glas, quien fue recapturado y volvió a la cárcel el 20 de mayo. Al juez Moscoso lo exoneraron el 21 de julio. «Fue destituido por la infracción gravísima de manifiesta negligencia», explicó la Judicatura.
En las dos oportunidades, el presidente Guillermo Lasso celebró públicamente los procesos exprés que acabaron con los dos magistrados que se atrevieron a liberar al exvicepresidente. «Mi Gobierno no permitirá la corrupción en Ecuador. El país necesita recuperar la Justicia, pilar fundamental de la convivencia democrática», dijo cuando fue recapturado.
El lawfare ecuatoriano, no obstante, vivió su absurdo mayor cuando sectores del Poder Judicial replicaron su propia «causa de los Cuadernos». Sucedió a mediados de 2019, cuando la Policía arrestó a Pamela Martínez, una exjueza y asesora de Rafael Correa que en horas mutó a «cooperadora eficaz (arrepentida o delatora)» a cambio de inmunidad ante futuras denuncias y la reducción del 90% de su eventual condena.
Con lujo de detalle Martínez describió una red política que funcionó entre 2012 y 2016 para recaudar millones de dólares en sobornos en la obra pública. La falta de evidencias hacía tambalear el testimonio, que sobrevivió gracias al oportuno hallazgo de un cuaderno durante el enésimo allanamiento a la casa de la exasesora.
En el cuaderno se describen nombres, domicilios, cobros y pagos de sobornos hasta con centavos. Las pericias demostraron que habían sido escritos pocas semanas atrás y no siete años antes como declaró la arrepentida. Eran falsos, y nada de lo allí narrado se pudo comprobar. No obstante, 25 personas fueron encarceladas, el juicio continuó y la arrepentida quedó en libertad tras cumplir una condena de 9 meses y 22 días.
