12 de febrero de 2016

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional venezolana introdujo un cambio crucial en la política de viviendas sociales que inició Hugo Chávez en su etapa como presidente de ese país. La Mesa de Unidad Democrática presentó un proyecto de ley, aprobado en primera instancia, para registrar y otorgar títulos de propiedad a quienes residen en hogares del plan Gran Misión Vivienda Venezuela y así abrirlos al mercado inmobiliario. «Es entregar a la especulación privada los terrenos, los apartamentos, las casas y el activo de la vivienda a los sectores poderosos del capital», advirtió el ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo. El funcionario señaló también que hay leyes que protegen a los beneficiados y les otorgan ventajas para evitar que mercantilicen sus casas.
El diputado opositor Julio Borges se encargó de presentar el proyecto de ley como una herramienta para «democratizar la propiedad» y prometió a quienes viven en los apartamentos construidos por el Estado que serán «dueños de su futuro», mientras que su par, Henry Ramos Hallup, justificó la norma declarando «te portas mal y te quitan la casa».
Para el presidente Nicolás Maduro se trata de «una estrategia de la derecha para privatizar las viviendas» y llamó a movilizarse en su contra, al afirmar: «El pueblo tiene que irse a las calles, a luchar con rebelión, rebelión del pueblo con paz, amor y pasión». El mandatario también anunció la creación de un registro público con el fin de proteger a las familias y redireccionó fondos para fortalecer el plan.