5 de septiembre de 2023

Boric se abrazó emocionado a Alicia, en la Plaza Constitución de Santiago. En el fondo se erige La Moneda. El presidente bajó a la calle para lanzar el plan: el Estado chileno, más temprano que tarde, investigará por los más de 1.100 desaparecidos, una tarea que realizaban los organismos, sin apoyo institucional.
Fue el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Boric invitó a un acuerdo para «nunca más interrumpir la democracia por medio de la violencia».
Dijo con la voz quebrada: «Lo que estamos haciendo es democracia: se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer la verdad». Alicia Lira, de Familiares de Ejecutados Políticos, admitió: «Por fin hubo un Gobierno que tuvo la voluntad política, la empatía con los familiares, de buscar los mecanismos para saber dónde están los que los faltan».
La elaboración del plan tuvo el aporte de agrupaciones de familiares, sitios de memoria, académicos, centros de estudios y la sociedad civil. Trazará la ruta de la desaparición de las víctimas y colaborará con investigaciones judiciales, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales. Hasta ahora, los organismos permitieron identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.
Por otra parte, familiares de ocho de las víctimas recibieron los títulos de abogados en una ceremonia en la que también participó la ministra del Interior Carolina Toha, cuyo padre José (ministro de Interior y de Defensa del Gobierno de la UP) fue asesinado por la dictadura: el diploma fue recibido por su nieto Emilio Salinas.