9 de septiembre de 2021

Manuel Alfieri

El Gobierno impulsa un referendo para independizarse del Reino Unido y regresar a la UE. La oposición de Boris Johnson en el marco de un reclamo histórico.

Estadios de fútbol colmados, recitales en espacios cerrados, pubs atiborrados de jóvenes bebiendo cerveza hasta altas horas de la noche y fiestas en las calles. Gracias a una acelerada campaña de vacunación, la vida en el Reino Unido empieza a parecerse cada vez más a la de tiempos prepandémicos. Algo que aplica no solo al terreno de lo social, sino también al de la política: antiguas disputas que habían quedado en stand by por la aparición del COVID-19, ahora vuelven al centro del debate y con más fuerza que nunca. Una, en particular, pone los pelos de punta al premier británico Boris Johnson: el reclamo independentista escocés.
Las aspiraciones separatistas coparon nueva­­­mente la agenda política a fines de agosto, cuando el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) y el Partido Verde firmaron un inédito acuerdo de gobierno para alcanzar una mayoría parlamentaria y así impulsar un nuevo referéndum por la independencia. «El pueblo de Escocia debe decidir su futuro cuando la crisis del COVID pase. Es un asunto de principio democrático fundamental», lanzó Nicola Sturgeon, ministra principal escocesa, líder del SNP y máxima promotora del divorcio con el Reino Unido.
Los vientos independentistas vienen soplando fuerte desde que la monarquía británica abandonó definitivamente la Unión Europea (UE), a principios de este año. El Gobierno de Sturgeon fue uno de los principales opositores a la salida del bloque comunitario y, de hecho, el 62% de los escoceses rechazó la ruptura en 2016, cuando se celebró un referendo al respecto en las cuatro naciones que forman parte del país.
Sin embargo, el reclamo quedó opacado durante un largo tiempo por la crítica situación sanitaria que atravesó el Reino Unido en los momentos más duros de la pandemia. Así fue, al menos, hasta mayo pasado. Ese mes el país comenzó a recuperar buena parte de la «normalidad» perdida. A eso se sumó la victoria del SNP en las elecciones regionales, con la que logró un total de 64 bancas sobre las 129 que hay en el Holyrood, como se conoce al Parlamento escocés.
Sturgeon recibió así un espaldarazo electoral y su fuerza política quedó a solo un legislador de la mayoría absoluta. Envalentonada, la ministra principal dijo que iría con todo por la independencia. Y para eso selló la alianza con los verdes, que con sus ocho bancas le garantizan el control del Parlamento escocés, dominado ahora por una coalición que quiere decirle bye al Reino Unido y hello a la UE.

Nuevos escenarios
El principal escollo en ese camino es la oposición del primer ministro Johnson, una autoridad política que tiene potestad de permitir la consulta. Algo que parece muy improbable, ya que para el jefe de Downing Street la cuestión quedó zanjada en 2014, cuando el 55% de los escoceses le dijo que no a la separación en un primer referendo. Según explicó Johnson, hablar otra vez de independencia sería «irresponsable y temerario». Todos los esfuerzos, agregó, tienen que volcarse ahora a la recuperación económica y la generación de empleo, tras la fenomenal crisis que produjo la pandemia. La secesión, claro está, no cuadra con ese plan: implicaría perder un 9% del PIB y los cuantiosos ingresos que generan los hidrocarburos existentes en el Mar del Norte.
Pero no todo está perdido para los nacionalistas escoceses. La postura de Johnson no parece ser compartida por todo su Gabinete y varios de sus más estrechos colaboradores reconocen que el Brexit cambió el escenario, por lo que sería válido barajar y dar de nuevo. Algunos incluso aceptan la realización de un referendo, pero con ciertas condiciones: por ejemplo, que puedan votar los 850.000 escoceses que residen en Gales e Inglaterra, en su gran mayoría unionistas. O que, como dijo Michael Glove, ministro de Gabinete británico, la consulta se haga siempre y cuando exista una «voluntad consolidada» entre la población escocesa.
Pero eso, al menos todavía, no ocurre. Los últimos sondeos muestran que el apoyo al divorcio apenas supera por unos puntos a la opción por la permanencia. Es el famoso «empate técnico» del que suelen hablar los encuestadores. Nadie descarta, sin embargo, que el clamor independentista siga creciendo en el futuro, tal como lo viene haciendo desde que se concretó la salida de la UE. Si eso ocurriese, Johnson quedaría en una posición muy incómoda. De hecho, es lo que le sucedió a uno de sus antecesores, David Cameron, quien tampoco quería la independencia escocesa, pero la presión política ejercida desde Edimburgo lo obligó a ceder y así fue que se llevó adelante el referendo de 2014, finalmente con resultado a su favor.
Sturgeon seguirá insistiendo con la consulta popular e incluso algunos sectores del Gobierno escocés evalúan la posibilidad de hacerla de forma unilateral, sin el permiso de Johnson, con 2023 como fecha límite. Eso llevaría a un escenario similar al que experimentó España con la cuestión catalana, lo que abriría la puerta a una fuerte crisis política y demandaría la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Definitivamente, no es un buen augurio. Pero, para que eso ocurra, antes deberían agotarse todas las instancias de negociación.
Por lo pronto, una sola cosa está clara: el partido recién comienza. Y, por lo visto, será largo.