26 de marzo de 2022

Ricardo Gotta

Bolsonaro acelera la privatización con fuerte rechazo del PT. Historia de la mayor empresa de energía del país.

La posible venta de Eletrobras, la mayor empresa de energía de Brasil y América Latina, se inscribe en el plan de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. Claro que, en este caso, hay una historia muy fuerte detrás de esta empresa y que remite a un apellido: Getúlio Dornelles Vargas. El exmandatario –quien fue depuesto en 1945, retornó al poder en 1951 y se suicidó tres años después– impulsó la creación de la compañía. En ese Brasil que lo tuvo en el poder, la industria ganaba fortunas y se había reposicionado el valor de materias primas esenciales, por caso el café, pero un nuevo golpe de Estado estaba en ciernes: el poder real imponía presiones colosales. 
En su carta-testamento acusó: «Una vez más las fuerzas y los intereses en contra del pueblo se coordinarán y se desencadenarán sobre mí. No me acusan, me insultan; no me combaten, me calumnian (…) Tuve que renunciar. Puse el Gobierno en los brazos del pueblo». Y explicó: «Quise lograr la libertad nacional con la potenciación de nuestras riquezas a través de Petrobras; cuando comienza a funcionar, la ola de disturbios se acrecienta. La creación de Eletrobras fue obstaculizada hasta la desesperación. No quieren que el trabajador sea libre. No quieren que el pueblo sea independiente».
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) pudo ser creada recién en 1961, tras la demorada aprobación del Congreso de una ley reimpulsada por el presidente Jânio Quadros, quien ese 21 de agosto restituyó los yacimientos de hierro de Minas Gerais a la nación y a los cuatro días fue obligado a renunciar; llevaba menos de seis meses en el gobierno. Eletrobras recién se instauró el 11 de junio siguiente bajo el mandato de João Goulart.
Más allá de los Gobiernos, fue trascendente en la expansión energética brasileña. Incluso sobrevivió a la ola privatizadora de los 90. El Gobierno federal conserva casi el 60% de las acciones de una empresa con más de 25.000 empleados. Cotiza en la Bolsa de San Pablo y es la mayor del ramo en América Latina. Eletronorte, Chesf (nordeste), Furnas (sudeste) y Eletrosul (sur) son sus subsidiarias y regula la represa de Itaipú y las plantas nucleares de Eletronuclear Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), la otra joya del estado brasileño, creada en 1953, hoy contiene a unos 46.000 trabajadores.

Altos costos
Bolsonaro tiene mandato hasta el próximo 1° de enero. Por si debiera abandonar el Palacio de Planalto, proyectó dejarle el meganegocio al sector privado. Luiz Inácio Lula, posible candidato para las elecciones de este año, aboga por lo contrario y le pide al empresariado brasileño que no compren la compañía.
Hace ocho meses, primero el Senado (42 a 37) y luego Diputados (258 a 136) aprobaron el decreto del Ejecutivo autorizando la venta. El propio presidente vetó ciertos artículos para habilitar los despidos que generará la privatización, desligar al Gobierno de reutilizar a esos trabajadores durante un año y la prohibición de extinguir algunas sociedades, entre otras medidas. El mandatario fue apoyado por el llamado «Centrao», la derecha que controla el Congreso, la que lo blinda de los más de 100 pedidos de juicio político que soporta. El ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes, fue quien impulsó la privatización, la calificó de «vastamente positiva», mientras encadenaba las políticas sociales contra el hambre «con las sobras de la clase media y los restaurantes».
El mismísimo Bolsonaro, en 2018 como diputado federal, enfatizó: «Estoy a favor de privatizar muchas cosas, pero la cuestión energética, no». Ahora porfía que habrá «caos energético» en Brasil si no se vende Eletrobras. También lo apoya el Tribunal de Cuentas, controlado por él mismo, que rechazó por 6 votos a 1 un recurso opositor. 
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, afirmó que la privatización es un «delito de lesa patria» y anunció que se presentará ante el Supremo Tribunal Federal. Jean Paul Prates, senador por el PT-RN, calificó la privatización como «desacertada, malintencionada y criminal». Advirtió que el Gobierno subvalúa a la empresa (67.000 millones de reales, unos 13.100 millones de dólares) cuando en realidad vale más del doble. Y que el proceso prevé quintuplicar el actual precio de la energía a 60 reales (11,7 dólares), aunque sospecha que podría aumentarlo un 1000%. Ese sería el impacto directo en la factura de la luz. O sea, en el bolsillo del brasileño. 
«Espero que los empresarios serios que quieren invertir en el sector no se suban a este mecanismo exótico que los vendepatria están preparando para Eletrobras», advirtió Lula. Promete rever el proceso si retoma la presidencia, como así también el de otras privatizaciones, por caso el de la de la empresa BR Distribuidora (estaciones de servicio de Petrobras), la compañía Correios (interesan a la argentina Mercado Libre y a la estadounidense Amazon), unos veinte aeropuertos y puertos y la compañía de tratamiento de aguas de Río.
Se sabe, si regresa, a Lula le aguarda un arduo trabajo.