1 de junio de 2021

Manuel Alfieri

El país andino celebrará unos comicios signados por el desinterés de la ciudadanía debido a las reiteradas crisis políticas y la delicada situación económica. La alternativa progresista que encarna Verónika Mendoza en un escenario sin un claro favorito.

Con más de 20 candidatos inscriptos, Perú inició la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo 11 de abril. A pesar de que en la contienda el país se juega la posibilidad de retomar la senda de la estabilidad institucional, la carrera hacia la casa de Gobierno está muy lejos de la adrenalina y el frenesí habituales. Por el contrario, lo que prima es el desinterés y la apatía ciudadana, como resultado de la crisis económica, la corrupción y los sucesivos escándalos políticos que, una y otra vez, tienen como protagonistas a los más altos funcionarios del Estado.
Las últimas encuestas dan cuenta del creciente malestar social. La consultora Ipsos, por ejemplo, indica que el 32% de los ciudadanos no apoyará a ningún candidato. Datum, por su parte, sostiene que el 35% no tiene interés en las elecciones y que, si los comicios fuesen hoy, el voto en blanco llegaría al 30%, muy por delante del candidato mejor posicionado, el exfutbolista George Forsyth, que alcanzaría un magro 13%. Atrás le siguen la ultraderechista Keiko Fujimori con un 6%; la postulante de la izquierda, Verónika Mendoza, con un 5%; y Julio Guzmán, del centrista Partido Morado, con idéntico porcentaje. La lista termina con una veintena de dirigentes políticos que arañan el 3% y el 2%, entre ellos, el expresidente Ollanta Humala.
Los analistas políticos peruanos aseguran que Forsyth pica en punta porque es una cara nueva en el escenario nacional. Efectivamente, si bien incursionó en la política hace ya diez años, esta es la primera vez que competirá por un cargo por fuera de La Victoria, el distrito limeño del que fue alcalde entre 2019 y 2020. El exarquero de Alianza Lima es candidato por Victoria Nacional, un partido de derecha vinculado a la Iglesia Evangélica, y su campaña se centra casi exclusivamente en el discurso de mano dura para combatir a la delincuencia.
Ese mismo mensaje es el que también ofrece Fujimori, hija del expresidente y dictador, que intentará acceder a la presidencia por tercera vez. En 2016 casi lo logra: ganó la primera vuelta pero luego perdió el balotaje contra Pedro Pablo Kuczynski. En esta ocasión, la tendrá más difícil aún, ya que es la candidata que genera mayor rechazo, junto con Humala. Sus posiciones políticas son conocidas: defensora a ultranza del neoliberalismo que encarnó su padre, apoya la pena de muerte y rechaza todo tipo de intromisión estatal en el ámbito privado. El año pasado estuvo presa unos meses por lavado de dinero.
Al igual que Fujimori, la psicóloga y antropóloga Mendoza también tuvo una buena performance en las elecciones de 2016: ocupó el tercer lugar, quedando a dos puntos de entrar al balotaje. Ahora, su principal bandera de campaña es una reforma constitucional para reemplazar a la heredada de tiempos fujimoristas. Apoya, además, la agenda feminista y el proceso de integración regional. De hecho, estuvo presente en la asunción del presidente boliviano Luis Arce en La Paz, donde también se reunió con Evo Morales y Alberto Fernández.
La campaña a favor de reformar la Constitución puede ser políticamente redituable para Mendoza: según CELAG, nueve de cada diez peruanos apoya modificar la Carta Magna. La joven dirigente de 40 años podría, además, capitalizar el enorme descontento popular que hay entre la población ante una dirigencia política tradicional salpicada constantemente por la corrupción. Basta recordar que los últimos seis presidentes del país terminaron destituidos y/o encarcelados, a excepción de Alan García que se suicidó pocos minutos antes de quedar detenido. El problema no solo atañe al Poder Ejecutivo: más de la mitad de los legisladores nacionales están imputados en alguna causa.

Dispersión y apatía
La inestabilidad política es un problema que asfixia a Perú desde hace ya un tiempo. La crisis comenzó en marzo de 2018, cuando Kuczynski, que no llevaba ni dos años de mandato, se vio obligado a renunciar a la presidencia a raíz del caso Odebrecht. Su reemplazante fue el vicepresidente Martín Vizcarra, quien en noviembre del año pasado, también investigado por corrupción, afrontó un juicio político y perdió el cargo. La maniobra, muy floja de papeles, fue considerada un golpe parlamentario, similar al que sufrió, por ejemplo, Dilma Rousseff en Brasil.
Como en aquel momento Perú no tenía vicepresidente, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió el cargo de manera interina. El dirigente fue señalado como uno de los responsables de tumbar a Vizcarra, lo que generó un masivo rechazo popular sobre su figura. Hubo grandes movilizaciones y represión policial, con dos muertos y cientos de heridos. En ese marco, Merino tenía las horas contadas.
A diferencia de Argentina 2001, Perú no tuvo cinco presidentes en una semana, sino tres. El legislador Francisco Sagasti asumió por Merino a los pocos días y, al cierre de esta edición, todavía ocupaba el sillón presidencial. Esta prolongada y extenuante crisis es lo que derivó en el rechazo hacia la dirigencia política por parte de la población, más preocupada por las dramáticas consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia que por los enredos legales de sus representantes (ver recuadro).
Sin embargo, de cara a las elecciones, lo alarmante no es solo la apatía y la indiferencia –siempre perjudiciales para la salud de la democracia–, sino también el alto nivel de dispersión del voto. Si se confirman los pronósticos de las encuestadoras, tras los comicios se conformará nuevamente un Congreso muy fragmentado, con diversos liderazgos y posiciones políticas. En definitiva, un cuerpo legislativo con el que el nuevo presidente podría tener serias dificultades para negociar y arribar a acuerdos.
Kuczynski y Vizcarra lo sufrieron en carne propia. Y ambos tuvieron un triste, solitario y anticipado final.