25 de enero de 2022

Manuel Alfieri

El Gobierno puso en marcha un modelo productivo para enfrentar los daños causados por el golpe y la pandemia. Los embates de la oposición y el rol de Morales.

«Estamos saliendo adelante». Ese es el lema que el presidente boliviano Luis Arce escogió para acompañar cada mensaje de su Gobierno. Tres palabras que, al mismo tiempo, grafican con precisión el difícil momento que atraviesa su país y la necesidad de dar vuelta la página para dejar atrás dos tragedias que lo acompañan desde el primer día de gestión: el descalabro heredado del Gobierno de facto y las dramáticas consecuencias de la pandemia de COVID-19.
Mucha agua corrió bajo el puente en este año y poco más de Gobierno de Arce, quien asumió la presidencia en noviembre de 2020, tras obtener el 55% de los votos. Desde entonces, y a pesar del enorme apoyo popular, nada fue fácil para el exministro de Economía de Evo Morales. A sus espaldas había un país devastado, envuelto en una crisis institucional y económica, en el que habían aumentado la pobreza y el desempleo a niveles récord, y en el que los discursos de odio y las violaciones a los derechos humanos se habían convertido en moneda corriente.
Semejante daño causó el neoliberalismo en apenas un año, entre el golpe de Estado a Evo en noviembre de 2019 y la vuelta al poder del Movimiento al Socialismo (MAS). A la cabeza de ese proceso estuvo la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, detenida en marzo de 2021 por su participación en el derrocamiento de Morales, una operación que contó además con el aval de la OEA y EE.UU., tal como denunció en reiteradas ocasiones el propio líder cocalero.
Junto a militares y policías golpistas, Áñez afronta ahora un juicio que podría llevarla a prisión por diez años. Se trata de la causa «Golpe de Estado II», en la que la mujer es investigada por haberse autoproclamado presidenta de manera inconstitucional. La exsenadora también está imputada en el caso «Golpe de Estado I» por presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Pero Arce no solo tuvo que hacer frente a la pesada herencia que dejó Áñez. En el mismo momento que llegó a la presidencia, el país atravesaba el oscuro sendero de la pandemia todavía sin vacunas a la vista y con un tejido social muy golpeado. Por eso sus primeras medidas de Gobierno estuvieron orientadas a encender nuevamente la economía.
Así, puso en marcha el «modelo económico social comunitario productivo» de tiempos de Evo, lo que posibilitó la reactivación de casi 6.000 proyectos de infraestructura. Lanzó un bono contra el hambre, destinado a las familias más afectadas por las restricciones, y creó el impuesto a las grandes fortunas, que no es por única vez como en muchos países, sino que se cobra cada año. También procedió al reintegro del regresivo IVA e implementó un fondo específico para dar impulso al sector productivo nacional. Esas y otras medidas posibilitaron que, en solo un año de gestión y con la cancha bastante inclinada en su contra, la economía se estabilizara y el desempleo pasara del pico histórico del 12% al 6,3%.
En el plano sanitario, una vez que las vacunas contra el COVID-19 estuvieron disponibles, Arce realizó las gestiones necesarias para inocular a buena parte de la población. Al cierre de esta edición, el Gobierno había logrado que el 60% de los bolivianos completara su esquema vacunatorio, un porcentaje importante –aunque no suficiente– para capear la cuarta ola que por estos días surfea el país andino.

Cuestión de confianza
Sin embargo, para «salir adelante» todavía falta mucho y no solo por la pandemia: los escollos en el camino son varios. Primero, una oposición furibunda, que obligó al Gobierno a retroceder en algunas medidas. Así ocurrió con un paquete de leyes contra el lavado de dinero que afectaba principalmente a la economía informal –mayoritaria en Bolivia– y que generó gran rechazo. Las incipientes protestas se convirtieron en un paro indefinido y Arce debió finalmente retirar la iniciativa. Lo mismo pasó con la implementación de un registro de vacunación que habilitaba la realización de trámites y que había sido promovido por el Gobierno.
En ese tipo de situaciones se vislumbran los distintos estilos de conducción de Evo y Arce: mientras el primero solía llevar la confrontación hasta las últimas consecuencias, el segundo prefiere retroceder antes de tensar la cuerda al máximo. Pese a algunas diferencias, permanecen las muestras de apoyo diarias, como cuando en plena protesta opositora Evo organizó una multitudinaria caminata de 180 kilómetros en respaldo a Arce.
Bolivia, por otra parte, no es ajena al clima de polarización política extrema que se vive en todo el continente, desde Estados Unidos a la Argentina. A través de los grandes medios, y con el mismo libreto que en otros puntos de la región, la oposición insiste en que Arce está tomando un rumbo «dictatorial» y que el país se encamina a «convertirse en Venezuela». No por nada el MAS viene denunciando que hay un plan para «tumbar al Gobierno» a partir de maniobras de desestabilización orquestadas desde Washington.
Pero a pesar de los embates políticos y mediáticos, Arce viene dando respuestas a los graves problemas que tiene el país y por eso mantiene un importante caudal de apoyo popular. Los bolivianos y bolivianas continúan depositando su confianza en él porque recuerdan el drama que sufrió el país tras el golpe a Evo. Y porque saben, además, que la primera condición para salir adelante, es no volver hacia atrás.