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Tiempos de lawfare

La liberación de una funcionaria y dos dirigentes de la Revolución Ciudadana, movimiento liderado por Rafael Correa, puso un freno a la embestida judicial que lleva adelante el Gobierno de Lenín Moreno contra la oposición en Ecuador. Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, y los dirigentes Virgilio Hernández y Christian González, acusados de presunto delito de «rebelión» durante las protestas de octubre en repudio al paquete de reformas neoliberales del oficialismo, salieron de la cárcel luego de más de 70 días. Además de la falta de pruebas, y mientras continúa el proceso judicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que el Gobierno proteja los derechos a la vida y la integridad de los acusados. «Lo más doloroso ha sido el acoso político, estar tan cerca del exvicepresidente Jorge Glass, que por más de dos años está privado de su libertad y que ni siquiera te permitan saludarlo», sostuvo Pabón, quien reasumió en su cargo. En ese plano, subsiste preocupación por la situación de otros referentes opositores perseguidos, entre ellos el propio Glass, condenado a seis años de prisión por supuesta asociación ilícita en el caso Obredecht, y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, asilada en México por el hostigamiento del Gobierno de Moreno. Correa viene denunciando el lawfare –así se conoce al armado de causas judiciales que generen condenas mediáticas– como una estrategia regional para detener el avance de gobiernos progresistas.


Libres. González, Pabón y Hernández, luego de que se revocara la prisión preventiva.