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Colas. Migrantes en la localidad de Ventimiglia. (Hache/AFP/Dachary)

El nuevo plan antiinmigración del gobierno de centroizquierda, en Italia, establece que aquellas personas que soliciten asilo sean empleados en trabajos públicos no pagos. Marco Minnitti, el ministro del Interior que busca implementar una agenda de mano dura y un cambio de óptica en la izquierda, dijo que la iniciativa «permitirá evitar el vacío durante la espera» y que su inclusión en obras de utilidad pública financiadas por Europa «no afectará el mercado laboral». Para la experta en derechos civiles Rosaria Iardino, la medida no garantiza a los migrantes «los mínimos derechos de un ciudadano moderno y revierte décadas de lucha sindical». Por su parte, la socióloga Isis Gjergji indicó que el proyecto alertó que esta modalidad podría ser adoptada por empresas privadas y que ello terminará por «devaluar aún más la fuerza de trabajo, reducir el salario y las condiciones de empleo».

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