17 de mayo de 2021

Manuel Alfieri

La decisión del presidente Moïse de aferrarse al poder reavivó a un amplio movimiento de protesta que exige su renuncia. Denuncias de golpe de Estado y formación de un Gobierno paralelo, con la injerencia estadounidense como telón de fondo.

Así como el 10 de diciembre es un aniversario emblemático para la democracia en Argentina, el 7 de febrero también lo es para Haití. Ese día, en 1986, culminó la cruenta dictadura de los Duvalier, después de años de terrorismo de Estado y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Desde entonces, y como símbolo de la recuperación democrática en el país caribeño, todos los mandatos presidenciales concluyen en esa misma fecha para dar paso a una nueva gestión.
Eso, justamente, es lo que debía suceder el pasado 7 de febrero. O mejor dicho, eso es lo que la oposición haitiana sostiene que debía suceder, pero nunca ocurrió: el actual presidente, Jovenel Moïse, se negó a dejar el cargo y aseguró que continuará gobernando hasta el año que viene. «Me quedan 365 días en el poder. No habrá transición», lanzó. Su decisión acrecentó el ya profundo malestar social y la tensión política en un país signado por la inestabilidad institucional: desde el fin de la dictadura a la actualidad tuvo más de 20 Gobiernos diferentes, encabezados por militares, presidentes electos e interinos.
El nuevo capítulo de esa prolongada crisis se originó por la diferencia de interpretación que se hace a uno y otro lado de la grieta haitiana sobre la duración del mandato de Moïse. El presidente argumenta que, aunque ganó las elecciones de 2015, recién pudo jurar el cargo de manera tardía, en 2017, ya que los comicios tuvieron que repetirse en 2016 por denuncias de fraude. Así, y teniendo en cuenta que el mandato es de cinco años, Moïse defiende su continuidad en el poder hasta el 7 de febrero de 2022. Desde la vereda de enfrente, la oposición asegura que, en realidad, el mandatario comenzó a gobernar en 2016, por lo que debió dejar su cargo este año.
La postura de Moïse reavivó al amplio movimiento de protesta que viene saliendo a las calles desde 2019 para denunciar sus políticas neoliberales, especialmente tras el acuerdo con el FMI, que implicó un aumento generalizado de los precios y afectó los bolsillos de los sectores populares. Ahora, partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos acusan al reconocido empresario bananero y líder del derechista PHTK de ser un «presidente de facto». No solo por su decisión de aferrarse al poder hasta el año que viene, sino también por hacerlo de manera autocrática: a principios de 2020, y con el argumento de que era imposible realizar elecciones, Moïse disolvió el Parlamento, despojó de sus cargos a todos los alcaldes y comenzó a gobernar exclusivamente por decreto. Haití cuenta actualmente con 11 funcionarios electos para representar a sus 11 millones de habitantes y durante la gestión de Moïse no hubo una sola elección. Está previsto que en septiembre sean las presidenciales y legislativas, aunque en el marco de la crisis y la pandemia nadie tiene claro qué sucederá.
Para frenar las manifestaciones, el presidente hizo gala de una receta que ya había utilizado en otras oportunidades: represión y militarización de las calles. Con el agregado de que, en esta ocasión, denunció la existencia de un plan organizado por un grupo de empresarios y familias adineradas para dar un golpe de Estado y asesinarlo. La policía detuvo a más de 20 personas, entre ellas un juez de la Corte de Casación, la máxima instancia judicial del país. Poco después, Moïse dobló la apuesta al anunciar la realización de un referendo en abril para reformar la Constitución. Una jugada con la que busca habilitar la reelección presidencial y acrecentar el poder del Ejecutivo.

Reacciones
Ante la negativa de Moïse de dejar el cargo, la oposición decidió instaurar una suerte de Gobierno paralelo. Los opositores haitianos nombraron a un miembro del Tribunal de Casación, el juez Joseph Mecène Jean-Louis, como «presidente de transición». Sin ningún poder real ni reconocimiento internacional, el magistrado «asumió» a través de un video en Facebook y prometió la realización de elecciones. La respuesta de Moïse fue emitir una resolución en la que invitó amablemente a Jean-Louis a jubilarse por «cometer un acto ilegal e inconstitucional».
Con un decreto tras otro, Moïse se sigue sosteniendo en el poder a pesar de las dificultades que enfrentó desde el inicio de su presidencia, a la que arribó después de ganar unas elecciones en las que solo participó el 18% del padrón y en las que obtuvo apenas 590.000 votos sobre un total de 6 millones de electores. Ese serio problema de legitimidad fue de algún modo compensado con la lealtad de sectores estratégicos, como las Fuerzas Armadas, que él mismo refundó en 2017 después de que fueran disueltas por el expresidente Jean-Bertrand Aristide en los años 90.
Sin embargo, el apoyo más potente que tuvo hasta ahora Moïse es el de Estados Unidos. Durante la presidencia de Donald Trump, el vínculo con la Casa Blanca fue idílico. Ahora, bajo la administración de Joe Biden, la primera reacción ante la crisis fue de respaldo, pero luego una funcionaria del Departamento de Estado se mostró «alarmada» por «las acciones autoritarias y antidemocráticas» del mandatario.
Habrá que ver cuál será la postura final de Biden, que recién comienza a delinear su nueva política exterior. Sin dudas, lo que defina será determinante: quienes conocen a fondo la política haitiana aseguran que casi todo lo que ocurre en Puerto Príncipe debe contar primero con el visto bueno de la embajada estadounidense. Probablemente, la continuidad de Moïse en el poder también.