10 de agosto de 2023

Ricardo Gotta

El crimen de un candidato presidencial se enmarca en la ola de violencia que sacude al país. El avance del narcotráfico y la proliferación de sicarios. Pese a todo, se vota el 20 de agosto.

«A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy: camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco. No lo necesito. Son un pueblo valiente. Y yo soy valiente como ustedes. Dijeron que me van a quebrar. Y aquí está Don Villa».
Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia fue acribillado por sicarios cuando apenas se había sentado en el asiento trasero de su camioneta, a la salida de un acto en la Unidad Educativa Coliseo Anderson, al norte de Quito. Era candidato a presidente por Movimiento Construye-Buena Gente. Sin chances reales para las elecciones del domingo 20 de agosto (ratificadas a pesar del magnicidio), sus denuncias de corrupción y enfrentamiento al narcotráfico le sumaban puntos electorales.
Nació en 1963, en el Cantón Alausí, Chimborazo. Vivía en Quito desde los 13. Polifacético. Como periodista publicó unas 260 investigaciones, algunas relevantes como el negociado con la PetroChina Limited; el de la Refinería del Pacífico y la Esmeraldas; el de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y Petroecuador (donde también fue un destacado líder sindical) y el caso «arroz verde», que involucró a funcionarios correístas. En 2011 tomó notoriedad como asesor del diputado Klever Jiménez del Movimiento Pachakutik, ya por entonces opositor a Rafael Correa: llegó a refugiarse en la selva amazónica ecuatoriana.
En 2021 fue electo asambleísta por el Construye, que se autodefine «pluralista y “atrapalotodo”»; en un principio se llamó Ruptura 25 al dejar Alianza País y alejarse del gobierno de Correa. Participó también del de Moreno.
«Me siento orgulloso de que los delincuentes me odien. Sería terrible que me quisieran», dijo momentos antes de que lo matasen.
Había tenido un durísimo cruce mediático con Correa hace menos de un año, el 14 de noviembre. La prensa hegemónica rescató de inmediato los archivos tras la matanza, con especial saña. Y la hermana del muerto acusó al exmandatario del atentado.
Pero poco después, dos grupos narcos se tironearon la responsabilidad del asesinato. Por un lado Los Lobos, que en un delirante video (luego misteriosamente desmentido) advierten que «se repetirá cuando los políticos corruptos no cumplan» y anunciaron que el próximo sería Jan Topic (la derecha de Por un País sin miedo). En un primer momento se apuntó a Los Chineros, histórica banda narco, que había amenazado explícitamente a Villavicencio y, hace poco, regresado a las tapas de los diarios cuando varios líderes participaron de sangrientos motines en las prisiones, donde dirimían el negocio narco con otras bandas.

Alerta máxima
En Quito, la soleada mañana del 7 de agosto. El ecléctico barrio de Batán Alto: para llegar al sitio del asesinato solo hay que rodear el Parque Guangüiltagua. Se encuentra a media hora del Palacio de Carondelet, donde Guillermo Lasso trascurre el último lapso en su presidencia. Móviles de medios se agolpan en la avenida 6 de Diciembre, esquina Bosmediano, ante la moderna sede de dos pisos del Consejo Nacional Electoral.
En un amplio salón del nivel inferior, representantes de los ocho candidatos presidenciales discuten la ubicación en el set de la tv estatal, ejes temáticos y otros detalles del debate de tres horas previsto para este domingo 13, una semana antes de que 13,4 millones vayan a las urnas. Un piso más arriba, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, denuncia «amenazas de muerte» sobre varios consejeros, por whatsapp y en sus domicilios. A esa hora, el ministro del Interior, Juan Zapata, agrega 10.000 agentes para resguardar «161 zonas críticas» en las elecciones.
Nada es casualidad. Esos episodios, símbolo de unas elecciones bañadas de violencia, hubieran pasado inadvertidos si no se anticiparan al asesinato de un candidato, nada menos. Y si no fueran la consecuencia de otros episodios sangrientos.
Por caso, el último domingo 23, uno de los alcaldes más populares, Agustín Intriago, de la ciudad de Manta, mientras visitaba una obra de alcantarillado, fue acribillado a tiros junto a una futbolista, Ariana Chancay: dialogaban sobre una eventual ayuda estatal. Menos de una semana antes se produjo la muy confusa muerte del candidato a diputado Rinder Sánchez (Alianza Actuemos) en Esmeraldas: ¿baleado para robarle el auto?
Ese mismo fin de semana, en un motín en el Centro de Privación de Libertad Guayas N° 1, en Guayaquil, la segunda ciudad del país, varias bandas chocaron entre sí y, luego, contra los tres mil efectivos enviados para frenarlos: 31 fallecidos. Según la versión oficial se halló un arsenal: fusiles de largo alcance, lanzagranadas, explosivos. Le siguió una huelga de hambre en 13 de las 35 prisiones (200 custodios retenidos). ¿Una rebelión organizada desde afuera en un sistema carcelario de más de 40.000 hacinados, que según Human Rights Watch soportó más de 400 muertos desde 2021?
Hubo otra sugestiva ola de atentados contra comercios y vehículos en varias ciudades; el lunes 31 le dispararon desde una moto a la casa de la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez. Y este miércoles, la muerte del candidato. Lasso, que había decretado toque de queda nocturno en un municipio (Durán) de Guayas y en dos provincias (Manabí y Los Ríos), firmó un nuevo «estado de Excepción» por 60 días: el 17° en tres años.
¿Es simplemente violencia política la que sobrevuela la sociedad ecuatoriana, más allá de las urnas? La respuesta obvia es «no». En tal caso, ¿cuánto influye que Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, lidere todas las predicciones electorales? ¿Son verdaderamente infundados los rumores de inminente golpe de Estado? ¿Lo es, de hecho, la acción de los narcos?

Algo más que inseguridad
La periodista Carolina Mea, de TVO Ecuador, a los 40 años confiesa que su especialidad es contar historias. Advierte: «Ecuador era considerado uno de los países más pacíficos. Eso es pasado. Hoy vive su peor crisis de inseguridad. La violencia ha dejado de concentrarse en Guayaquil y se expande a otras ciudades como Durán, Manta, Quevedo, Quito. Atentados y ataques a cualquier hora perpetrados por sicarios. Todos los días los muertos se cuentan por decenas».
En el primer semestre del año, cifras oficiales remiten 513 asesinatos (58% superior respecto a 2022, incluidos extorsiones y secuestros). Las encuestas afirman que es la principal preocupación de los votantes: los discursos de campaña, por izquierda y derecha, rondaron reformas judiciales y penales, depuración policial, la realidad carcelaria y el narcotráfico.
Por caso, Otto Ramón Sonnenholzner, candidato de la derecha Actuemos, uno de los vice que tuvo Moreno, siguiendo al salvadoreño Bukele propuso trabajo forzado para los presos y la creación de un escuadrón militar de élite. O Bolívar Armijos, antes cercano a Correa, ahora en el Movimiento Amigo (vinculado al ex asambleísta Daniel Mendoza, sentenciado por narco, y al pastor evangélico Gerson Almeida), que impulsa la teoría de los 100: «Si la víctima tiene 75 años, al victimario le corresponderán 25 años de cárcel; si la victima tiene 15, serán 85 entre rejas». Y así. También quiere enfrentar la violencia de género: «Clases masivas de defensa personal y Krav Maga».

¿Cómplice o impotente?
Se mencionó por distintos motivos a las provincias de Esmeraldas, Guayaquil y Manabí. Con la pequeña Santa Elena, forman la costa ecuatoriana del Pacífico: 1.600 kilómetros, con puertos, estructuras, tránsito y legislaciones elegidos por cárteles como los mexicanos Nueva Generación y Sinaloa, el colombiano Clan del Golfo y el brasileño Comando Vermelho. La guerra de Gustavo Petro en Colombia habría provocado una suerte de «mudanza». La policía ecuatoriana admite que esa región es propicia por «su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína, y por la debilidad en los controles de frontera».
¿El estado es cómplice o impotente? Las bandas narco copan regiones enteras: no solo Choneros y Lobos, sino también Lagartos, los Chone Killers, Tiguerones y los Latin Kings, entre otros. En 2019 fueron incautadas 79,5 toneladas de droga; en el 2023 ya van 201. El porcentaje de homicidios creció en forma proporcional. Un ex jefe de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, sentenció: «Ecuador mutó de país de tránsito a una plataforma internacional de distribución de narcóticos».
La especialista ecuatoriana Celina Andrade explica: «Las instituciones no son capaces de asumir ese combate porque gran porción de ellas están cooptadas. Acá, en Guayaquil, y en otras ciudades. Es un fenómeno (o una calamidad) de este tiempo: para atacar al delito organizado y los crímenes mafiosos debe haber decisión política y en varios flancos. Por ejemplo, el lavado de activos».
El ministro del Interior Juan Zapata lo ve a su modo: «Ecuador tiene 24 provincias, el problema está en cinco, la ruta de la droga». Aunque Carolina Mella denuncia: «En la sierra funcionan puntos de almacenamiento, incluso en Quito».

Sin pausa
Durante la campaña electoral se reportaron 17 alertas, que incluyen 27 víctimas en 23 agresiones contra la prensa y los medios (un total de 151 durante 2023). Y hubo denuncias de violencia de género de un modo escandaloso: 1.995 agresiones reportó el Observatorio de Participación Política de la Mujer, que monitoreó a las 1.423 candidatas: una a la presidencia y siete a vice, 777 para asambleístas provinciales, 495 por circunscripción y 143 nacionales.
En definitiva, las elecciones se realizan por iniciativa del presidente Lasso que, ante la inminente sanción legislativa de un juicio político con obvio resultado de destitución que cortaría un período con final en mayo de 2025, aplicó un decreto denominado «muerte cruzada».
Claramente, de muerte estamos hablamos.