6 de agosto de 2014
Como madre estoy indignada por lo ocurrido con Camila, la chica de 19 años que fue violada en un boliche de la zona de Congreso. No sólo por la impunidad con la que se manejaron los violadores sino especialmente por la conducta de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad que, lejos de buscar una solución al problema, sólo se deshicieron en excusas. Por ejemplo, Rodríguez Larreta dijo por televisión, yo misma lo vi y escuché, que ellos inspeccionaban ese boliche y otros pero que respecto a estas situaciones… ¡no podían hacer nada! En una palabra, se lavó olímpicamente las manos.
¿Cómo que no pueden hacer nada? Yo no sé exactamente cuál es el modo de resolver esto, pero lo que sí sé es que los funcionarios están ahí para hallar soluciones y que no pueden decir, encima por televisión, a una audiencia de millones de personas, que «no pueden hacer nada». Porque entonces el mensaje a los delincuentes, a los violadores, ¿cuál es?: «Hagan lo que quieran, sigan violando chicas que nosotros no tenemos forma de impedirlo», ese el mensaje que reciben los que cometieron este delito. De alguna manera es el propio Estado el que está refrendando la impunidad con la que se manejaron estos depravados. Lo peor es que allí no terminó todo, días después Camila fue amenazada en las redes sociales porque a causa de este episodio clausuraron ese y otros boliches. ¿Debió ocurrir esto para que el Estado porteño tomase medidas respecto a lo que ocurre en estos establecimientos? Porque es un secreto a voces que en esos lugares muchos jóvenes mantienen relaciones sexuales con toda libertad, la mayoría de las veces consensuadas, pero no siempre, como le ocurrió a Camila y a otras chicas que salieron a denunciar experiencias similares. ¿Qué hacemos entonces con esos casos? Son los funcionaron los que deben ponerse a pensar y hallar respuestas.
Patricia Quinteros
Ciudad de Buenos Aires
