Opinión | A fondo

Contra la fuga de divisas

Acaba de finalizar la tarea de la Comisión Bicameral Investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de impuestos y la salida de divisas del país. La misma fue creada por ley por un plazo máximo de 6 meses y permitió tener idea cierta de los procedimientos del sistema financiero para fugar activos al exterior. Los aportes efectuados por los denominados «denunciantes», como Hervé Falciani, Hernán Arbizu y Stéphani Gibaud, fueron clave para conocer las maniobras de algunas entidades financieras relacionadas con el manejo de cuentas secretas desde sus servicios de «banca privada». Es la marginalidad la principal característica de las operaciones de este segmento que en su mayoría encubren acciones ilegales a través del lavado de dinero, con fondos provenientes de la evasión fiscal y de negocios ilícitos como el narcotráfico o la venta de armas.
Dado que en la Argentina existen fuertes restricciones a las operatorias de «banca privada», las mismas se llevan a cabo a través de canales informales, lo cual hace que sean difíciles de identificar y de relacionar con los bancos internacionales que las respaldan. En este sentido, el denunciante Arbizu señaló ante la Comisión que en 2008 existían alrededor de «20 empresas que se dedicaban a la intermediación con no menos de quince personas cada una». La certeza de la existencia de estas «oficinas intermediarias» se vio reforzada por las declaraciones de los directivos de los bancos internacionales con sede en la Argentina que en todo momento negaron realizar en nuestro país negocios de «banca privada» o tener vínculos con sus casas matrices por operaciones de este segmento. Resulta así evidente que el dinero de argentinos en el exterior se canaliza por fuera del sistema bancario formal.
Las normas internacionales para limitar estas operaciones, si bien se han planteado en distintos organismos como la OCDE y en cumbres internacionales como las del G20, no han prosperado o han avanzado muy poco, porque chocan contra fuertes intereses económicos y geopolíticos. Los primeros lugares del ranking de secretismo financiero (cualidad esencial de las guaridas fiscales) lo ocupan naciones desarrolladas como Suiza, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido. Y no podemos desconocer que buena parte de los lavadores son las grandes corporaciones, que el mecanismo genera enormes ganancias a los bancos que lo gestionan y que los fondos depositados son aplicados al desarrollo de las economías de los países «captadores». Una forma de evitar el funcionamiento de estas guaridas fiscales consistiría en eliminar el secreto bancario a nivel mundial, cuando la información sea requerida por una autoridad judicial. Quedó también demostrado que los bancos extranjeros utilizan todo resquicio que puedan encontrar en las leyes y normativas para proveer a sus clientes de operaciones que les permitan el lavado de dinero.
La valiosa información recabada por la Comisión nos lleva a resaltar la importancia de propuestas como las que hemos sostenido históricamente en nuestro movimiento, especialmente la necesidad de una nueva Ley de Servicios Financieros que ponga a los bancos al servicio de los usuarios y que controle más a los bancos extranjeros. Vale recordar que en la Argentina sigue vigente una Ley de Entidades Financieras, elaborada durante dictadura cívico-militar, que establece que «los bancos comerciales podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas». Una definición que se da de bruces con la búsqueda de evitar la fuga de capitales y el lavado de dinero.
Resulta esencial seguir avanzando en las investigaciones y promulgar leyes que eviten la salida de divisas del país evadiendo impuestos. Recorrer ese camino significa, entre otras ventajas, incrementar los ingresos fiscales poniéndolos al servicio del conjunto de la sociedad y evitar fuga de dólares tan importantes a la hora de financiar el desarrollo industrial. Lamentablemente, todo parece indicar que el nuevo gobierno, al designar ministros que provienen del riñón de las corporaciones, se alejará de estos objetivos y dejará a la actividad financiera, otra vez, en manos del mercado.