Opinión

Horacio Aizicovich

Dirigente cooperativista

Cooperativas y reforma laboral

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Pymes y mipymes. Son cerca de 350.000 los trabajadores vinculados al sector cooperativo argentino.

Foto: Natalia Tealdi

En 2023, durante el anterior Gobierno, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), difundió un mensaje en el marco del 1º de Mayo, Día internacional de los Trabajadores, en el que manifestaba que «el futuro del trabajo es cooperativo». Una definición orientada a poner en valor al conjunto de los trabajadores en general y en particular a los cooperativistas y mutualistas  con foco especialmente en los integrantes de las cooperativas de trabajo, que desde la crisis de 2001/2002 emergieron por miles en defensa de las fuentes de trabajo pero también de la producción y los servicios vinculados con la economía real.

En el documento se destacaba que «el mundo del trabajo está experimentando grandes procesos de cambio, y desde la economía social, popular y solidaria, continúan surgiendo y potenciándose respuestas viables y sostenibles a estas transformaciones pero, para ello hay que hacer efectivo y fortalecer cada día más el principio cooperativo de compromiso con la comunidad».

Poco más de dos años después, en estos tiempos de avanzada neoliberal en que se pone en cuestionamiento la normativa laboral vigente y se proponen reformas de carácter regresivo, cobra relevancia destacar que el sector cooperativo ha sido siempre generador de trabajo genuino, y que las cooperativas desde siempre han contribuido a originar puestos laborales y fomentar una economía sostenible.

Actualmente en la Argentina hay cerca de 350.000 trabajadores y trabajadoras integrantes de estas organizaciones y/o vinculadas con el sector. En este contexto se destaca la provincia de Buenos Aires que concentra casi un 30% de ese universo, principalmente en el conjunto de las cooperativas de trabajo de la provincia que totalizan cerca de 15.000 y conforman un 77% del total de cooperativas en todo el país.
De acuerdo con el informe citado del Inaes, serían alrededor de 74.000 los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia de las cooperativas, concentrados fundamentalmente en la región centro del país.

De cara al futuro
Por todo ello, en este marco de arremetida del modelo neoliberal sobre el conjunto de derechos y normativas consagradas en la Ley de Contratos de Trabajo y en los diversos  convenios colectivos, que forman parte fundamental de históricos procesos de disputa entre los sectores gremiales y el amplio universo de trabajadores representados frente a los sectores más concentrados de la economía –los que a través de sus cámaras corporativas nunca abandonaron su predica por reformas regresivas para el sector de los trabajadores–, el cooperativismo debe ser considerado y atendido en el debate que se avecina de cara al futuro del mundo del trabajo.
Tan complejas pueden resultar estas reformas regresivas que no deberían ser decididas solo en una mesa política en acuerdo con gobernadores «dialoguistas» y grandes corporaciones. El debate debe ser abierto, plural y de cara a la sociedad.

Todo el sector de la economía social y solidaria así como el amplio universo de las pymes, que representan el mayor porcentaje de empleadores en nuestro país, no son convocados en estos debates, a pesar de que la experiencia acumulada en distintos ciclos económicos refuerza la idea de que el sector productivo real no necesita que le abaraten el costo de contratación, sino que haya políticas públicas que generen la necesidad de contratar trabajadores por aumentos de producción.

Las propias cooperativas y las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) lo vienen señalando con evidencia empírica: con las normas laborales vigentes, en el período 2005/2013 se pudieron generar 5 millones de nuevos puestos de trabajo, en base a políticas públicas orientadas a la producción y el empleo.

Lo que proyecta el neoliberalismo con la actual reforma laboral en ciernes es una regresión fatal para nuestro capital humano, con la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta doce horas, el fraccionamiento de vacaciones y el pago de indemnizaciones en cuotas. Mientras que lo que se discute y se implementa en el mundo desarrollado es la disminución de la jornada diaria y semanal. Y en nuestra región, tanto Chile como Brasil están en un proceso de disminución de horas diarias de trabajo. A contramano de todo esto, Argentina mantiene la jornada semanal más extensa de Latinoamérica. Y a través de la reforma se proponen una mayor extensión.

Como señaló recientemente en una entrevista con la periodista María O’Donnell el abogado laboralista, Mario Ackerman, profesor emérito de la UBA y director de la Maestría de Especialización en Derecho del Trabajo: «Están promoviendo una reforma absolutamente mezquina, inconducente y peligrosa para todos».

En síntesis, se va ampliando el abanico de sectores que se pronuncian en contra de los aspectos centrales de las ideas que pretenden retrotraer las condiciones de trabajo a la situación imperante a principios de siglo XX, un sueño que persigue el envalentonado sector del conservadurismo libertario avalado por las corporaciones que representan el circulo económico más concentrado y beneficiado por las políticas actuales.

Por ende hace falta mayor unidad en accion de las centrales sindicales, gremiales empresarias de pymes, mipymes, cooperativistas, y los más amplios sectores castigados por este modelo antipopular, para poner freno a una embestida que, como señala el experimentado catedrático laboralista antes citado, constituye un serio peligro para los destinos de nuestra Nación.

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